• Erika Saldarriaga

EL DOLOR Y LA AMENAZA, LOS CASTIGOS POR ELEGIR

Violencia ginecoobstétrica y el aborto como delito


Por Erika Saldarriaga*


Foto: Movilización a favor del aborto en Argentina

“A mí no me aplicaron nada para el dolor, era como ‘usted pidió esto, pues ahora aguántese’, y como no me dejaron entrar acompañada pues una ahí sola se siente muy vulnerable”, me cuenta una paciente, como desenredando ese nudo en la garganta que tenía desde el día que salió del centro de salud donde interrumpió su embarazo, me lo cuenta un poco aliviada de tener al menos con quien hablarlo y de no sentirse juzgada al hacerlo.


Y es que el silencio de clínicas y hospitales muchas veces oculta no sólo la confidencialidad de la historia clínica, sino una serie de violencias ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres y sus procesos naturales. Así, la violencia ginecoobstétrica se refiere al maltrato ejercido contra las mujeres, a nivel físico y psicológico entre otros, durante su atención en los servicios de salud reproductiva (anticoncepción, embarazo, parto, post parto, aborto y post aborto), no sólo por médicos y médicas sino por cualquier persona encargada de su atención en estas instituciones. Esto, se evidencia desde la imposición de utilizar un determinado método anticonceptivo sin la información necesaria ni para su elección ni para su correcto uso, hasta un parto deshumanizado con comentarios humillantes u ofensivos y procedimientos no informados ni consultados (cortes de piel, presión sobre el abdomen, tactos repetitivos por diferentes personas, etc.). Situación que empeora si la decisión es no maternar, convirtiendo la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en un proceso caracterizado por el cuidado no confidente, el juicio y la amenaza constante.


Un factor agravante es que, 15 años después de múltiples esfuerzos por dar a conocer la sentencia C355/06[1] que despenaliza parcialmente el aborto en Colombia, para muchas personas persiste la creencia de que todo aborto es delito, evitando mencionar esta posibilidad en voz alta y mucho menos pedir información sobre el procedimiento, aun cuando ya se encuentran ante las complicaciones de abortos inseguros (según cifras de la Fiscalía obtenidas por el movimiento Causa Justa[2] “un 73% de los casos de aborto que llegaron a la Fiscalía fueron reportados por personal de centros hospitalarios, en violación del secreto profesional y la confidencialidad”,).


En este contexto, se acepta la violencia ginecoobstétrica casi como un castigo obvio por la decisión de elegir como prioridad su proyecto de vida, su salud o incluso su vida: "Toca que les duela para que no lo vuelvan a pedir" murmuran algunos, "si no le dolió para hacerlo, ahora no se queje" les dicen a otras, o " agradezca que no llamamos a la policía” rezan otros más sutilmente, sobreponiendo sus creencias personales, incluso si el caso se encuentra en alguna de las causales ya despenalizadas. Amenaza que las mujeres han venido escuchando desde sus propias familias, sus parejas o incluso en la misma educación sexual impartida por sus docentes.


Por esto, la lucha que hoy abandera el movimiento Causa Justa en búsqueda de la eliminación del delito de aborto del Código Penal[3], no es cosa menor: La amenaza de verse involucradas en un proceso legal, aun cuando estén en alguna de las causales despenalizadas por la Corte Constitucional, si se encuentran por ejemplo con la interpretación personal y sesgada de un tercero (médico/a, psicólogo/a, familiar, etc.) que, minimizando su capacidad moral y autonomía reproductiva, decida denunciarlas (o amenace con hacerlo), aleja a muchas mujeres de los servicios de salud seguros y las reprime en la exigencia de tratos dignos, bien sea por el desconocimiento de la normatividad, por la presión y amenaza del círculo social y del personal de salud, o por el estigma que sin duda se ahonda con la mera existencia de este delito.


Debido a que la violencia ginecoobstétrica no se encuentra aún reglamentada por la normatividad colombiana, toda contribución a la prestación de mejores servicios de salud sexual y reproductiva puede ayudar a contrarrestar esta problemática, de la mano de la desestigmatización, la eliminación del tabú y el reconocimiento social de los derechos sexuales y reproductivos. En este sentido, es muy importante la oportunidad que tiene en este momento la Corte Constitucional de avanzar, a través de la demanda que el movimiento Causa Justa interpuso en septiembre del 2020 para que se elimine el delito de aborto del Código Penal, porque viola derechos fundamentales como el derecho a la salud, la igualdad y la libertad, entre otros argumentos [4]. Contribuir con el avance en la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo por el sistema de salud, de manera segura, digna, oportuna y confidencial, es clave para avanzar en el cumplimiento de las responsabilidades del Estado en la regulación del aborto como lo que es: un derecho y un procedimiento médico.


*Erika Saldarriaga es médica egresada de la universidad Surcolombiana, feminista y activista,

defensora de derechos humanos, co-fundadora de la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos (RHUDA) e integrante del Grupo Médico por el Derecho a Decidir – Colombia.


Conflicto de intereses: Erika Saldarriaga pertenece a la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos (RHUDA), organización vocera del movimiento Causa Justa en el Huila. No recibe salario, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo profesional y personal de su perfil.

[1] La sentencia C-355 del 2006 y sentencias posteriores de la Corte Constitucional, indican que la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia es un derecho y está despenalizado en tres situaciones: - Cuando existe riesgo para la vida o para la salud integral de la mujer (física, mental y social). Por ejemplo: Un embarazo no deseado que afecte la tranquilidad o frustre el proyecto de vida de la persona embarazada. - Cuando existe una grave malformación del feto que haga imposible la vida fuera del útero. - Cuando el embarazo es producto de violencia sexual o incesto. [2] Movimiento conformado por más de 90 organizaciones y 134 activistas de todo el país que “trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres a nivel nacional y reconocen la urgente necesidad de eliminar el delito de aborto del Código Penal”. Más información: https://causajustaporelaborto.org/ [3] El delito de aborto se encuentra contenido en el artículo 122 del Código Penal, para los casos en los que no se logre demostrar una de las 3 causales antes mencionadas. [4] Esta demanda fue aceptada en octubre del año pasado, pero aún no se ha podido debatir, debido a que el pasado 18 de noviembre hubo un empate al momento de decidir sobre un impedimento de uno de los magistrados de la Corte, el doctor Alejandro Linares. Por lo anterior, se nombró como conjuez (juez transitorio) al doctor Hernando Yepes Arcila, quien ha entrado en la discusión sobre el impedimento del magistrado, para después de eso (se desconoce el tiempo que lleve ese proceso) ahí sí continuar el debate sobre la demanda interpuesta.


LA GUACHAFITA