• Luisa Lasso

El aborto como delito: el crimen es querer tener agencia sobre la vida propia

Por Luisa Lasso*


Foto: Marcha en Colombia a favor del aborto. Fuente: AFP

La dignidad humana ha sido reconocida por la Constitución Política como uno de sus principios fundantes y una garantía propia de quienes habitan nuestro país. Más allá de las discusiones jurídicas que se han planteado entorno a la dignidad humana como concepto, el contenido de esta palabra ha sido objeto de debate en Occidente durante miles de años, pero diríamos que en la actualidad prevalece una concepción de dignidad humana, propuesta por Immanuel Kant, donde las personas son fines en sí mismos, y no medios, a quienes se les debe respetar su autonomía, su agencia como seres racionales.


Por estos días el aborto es nuevamente objeto de debate en Colombia, pues la Corte Constitucional deberá responder a una inquietud muy concreta: ¿la existencia del aborto como delito contraviene disposiciones constitucionales? Dicho análisis lo deberá realizar la Corte en el marco de una demanda de inconstitucionalidad presentada por el movimiento Causa Justa, que defiende la idea de que la eliminación del aborto como delito, no solo es una causa justa, es urgente y necesaria. Desde que se presentó la demanda, voces a favor y en contra se han hecho escuchar, pero quizá suele pasarse por alto que la pregunta principal que deberá resolver el juez constitucional es si, a la luz de la Carta Política, el Estado puede imponernos como castigo a las mujeres la cárcel si decidimos abortar.


El delito de aborto, que actualmente está descrito en el artículo 122 del Código Penal, pretende sancionar con cárcel a las mujeres que tomen la decisión de abortar. Con esta norma, el Estado nos dice a las mujeres que no somos dueñas de nuestro cuerpo, que no tenemos agencia sobre nuestro proyecto de vida y que de llegar a contrariar esta prohibición merecemos cárcel, porque al parecer ser transgresoras de un deber moral de dar a luz hijos no deseados nos convierte en un peligro social. Al amenazarnos con meternos a la cárcel por abortar, el Estado viola nuestra dignidad, aquel principio fundante de nuestra Carta Política, que si se desconoce reduce la democracia colombiana a una simple formalidad.


Es una causa justa pedirle a la Corte que declare la inconstitucionalidad del delito de aborto, pues no solo las mujeres lograríamos reivindicar nuestra dignidad y derechos reconocidos sobre papel, sino, además, se respetarían los principios que deben regir al Derecho Penal dentro de un auto-reconocido Estado Social de Derecho. Un país que se determina como democracia pluralista no puede hacer uso de su poder punitivo para perseguir a las mujeres por el ejercicio de su autonomía frente al proyecto de la maternidad, tampoco puede valerse de dicha potestad como principal recurso para enfrentar problemas sociales complejos y mucho menos banalizar la idea de la cárcel como castigo. Se nos olvida que privar a alguien de su libertad es en realidad un castigo severo, donde el individuo es excluido de la sociedad para ser sometido de lleno a la voluntad de agentes estatales, cuyo deber es vigilar su actuar constantemente y que rara vez suele ser una experiencia resocializadora.


Pese a las diferencias que persisten entre quienes defienden la legalización completa del aborto y su reconocimiento como derecho, por un lado, y quienes consideran que de reconocerse como derecho el aborto se estaría violando la vida del naciturus, por el otro, ninguno de los bandos que se contrapone en esta disputa por el reconocimiento suele argumentar que la cárcel es la medida necesaria para enfrentar un dilema social complejo: la maternidad no deseada. Pues bien, el aborto como delito es una medida desproporcionada, que ejerce violencia sistemática contra las mujeres y que no persigue fines constitucionales válidos. Contrario a lo que muchos afirman, el delito de aborto no salva la vida de nadie ni ha prevenido a lo largo de la historia que las mujeres aborten, fomentando así, abortos clandestinos en condiciones precarias que pone en riesgo la vida de quien se somete al procedimiento.


Es cierto que como sociedad nos interesa la protección de la mujer gestante y que en el país pocas políticas públicas se han desarrollado en esta materia, pero también es cierto que la protección a la mujer gestante y a esa promesa de vida humana que lleva adentro no se garantiza con la existencia del tipo penal de aborto, es injusto pensar que como mujer debo ir presa por no querer continuar una maternidad que me resulta compleja y que puede poner en pausa mi realización como persona y el desarrollo de mi proyecto de vida. El aborto como delito representa una persecución a las mujeres por rebelarse contra el mandato social de llevar a cabo maternidades forzadas y de parir hijos para el Estado, para la sociedad y para la Iglesia. El crimen siempre ha sido buscar la agencia sobre la vida propia, que la Causa Justa sea poder tomar las riendas sobre nuestro destino.


*Luisa Lasso es abogada y politóloga de la Universidad de La Sabana con experiencia en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Justicia Transicional. Actualmente se desempeña como abogada junior en BDO Colombia.

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