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Comunicado de La Gaitana Portal sobre los eventos de violencia en el marco del Paro Nacional


Desde “La Gaitana, Portal Independiente”, consideramos conveniente dar a conocer nuestra posición respecto a los recientes acontecimientos de orden público que aquejan a Colombia. En el marco de las recientes protestas, la ciudadanía y algunos periodistas de otros medios han reportado situaciones de abuso y violencia policial. Asimismo, existen videos y demás registros que señalan a grupos de manifestantes como violentos. Ante todo esto:


1. Consideramos que la protesta social es una forma legítima de expresión política; incluso en estos difíciles momentos de pandemia. No existe razón alguna para menoscabar o limitar el derecho a exigir que los demás derechos se cumplan, y a la libertad de expresión. Más allá de esto, es evidente que existen razones de descontento e inconformidad social que, por desgracia, no han sido escuchados, ni mucho menos mitigados en su debido momento por el Gobierno Nacional.


2. Rechazamos la estigmatización con la cual se ha querido menoscabar el derecho a la protesta social, cuando ciertos sectores políticos sugieren que quienes están detrás de esta movilización son grupos al margen de la Ley. Lo anterior puede generar un riesgo latente para las y los ciudadanos que acuden a las calles a expresar su descontento sobre la situación actual del país, debido a que envía un mensaje equivocado a la fuerza pública, entidad responsable de mantener el control de las manifestaciones, y equiparar a civiles como objetivos militares.


3. Condenamos el abuso y la violencia policial. Hasta el momento, Temblores, ONG de Derechos Humanos, ha reportado que desde las 6:00 a.m. del 28 de abril hasta las 10:00 a.m. del seis de mayo del 2021 han ocurrido en Colombia los siguientes sucesos:


“1) 1728 casos de violencia policial; 2) 234 víctimas de violencia física por parte de la Policía Nacional; 3) 37 víctimas de violencia homicida por parte de la Policía Nacional; 4) 934 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes; 5) 341 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública; 6) 26 víctimas de agresión en sus ojos; 7) 98 casos de disparos de armas de fuego por parte de la Policía Nacional; 8) 11 casos de violencia sexual por parte de miembros de la fuerza pública” (Temblores ONG, @TembloresOng, #Estas son las cifras de los hechos que hemos registrado entre las 6 am del 28 de abril y las 8 am del 6 de mayo de 2021, en el marco de las protestas sociales en Colombia (Tuit). Recuperado de: https://twitter.com/TembloresOng/status/1390772666152402945?s=20)


De otro lado, cifras de la Defensoría del Pueblo apuntan a que al menos 24 personas han fallecido en las protestas (23 civiles y un capitán de la Policía Nacional) y 89 están reportadas como desaparecidas. Por su parte, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas eleva esta cifra a 379 desaparecidos durante las jornadas del Paro Nacional, luego de concertar un espacio de diálogo con 26 organizaciones sociales de todo el país. Todo esto nos resulta, desde este portal, aborrecible y reprochable más allá de lo legal. Sucesos así, sencillamente, no pueden ocurrir.



4. Consideramos fundamental distinguir la violencia cometida por la fuerza pública, de la violencia generada por un número reducido de manifestantes. De un lado, no pueden ser equiparables: la fuerza pública cuenta con armas que mal empleadas pueden ser letales, además, tienen equipos que les garantizan protección. De otro lado, crea falsas equivalencias para asignar una igualdad de responsabilidades a la fuerza pública y a los manifestantes. Ciertamente, los miembros de la fuerza pública son los primeros llamados a cumplir la Ley y respetar los Derechos Humanos de las y los manifestantes, incluso con aquellos que cometen actos vandálicos, quienes deben ser capturados y judicializados conforme a los procedimientos establecidos en la Ley. Sobra recordar que existe una asimetría evidente entre los medios de violencia que ostentan la fuerza pública y aquellos medios a los que pueden llegar a apelar en circunstancias extremas una minoría de los manifestantes. Esto hace que, en un escenario de conflicto directo, la población civil pueda verse violentada de forma brutal y a todas luces injusta.


5. Condenamos los actos de vandalismo que han sucedido en la ciudad de Neiva con el incendio de bancos (Banco de Occidente y Bancolombia), así como las instalaciones de la Alcaldía Municipal, el peaje ubicado en la vía Neiva-Aipe y los saqueos a un local en las afueras del Éxito, ubicado en el centro de la ciudad. Hacemos un llamado a que se realicen las investigaciones pertinentes para esclarecer los responsables de tales hechos, quienes deben ser judicializados por los daños y perjuicios ocasionados, respetando y garantizando el debido proceso.


La protesta social no puede ser el escenario bajo el cual se cometan estos actos, pues justamente van en contravía del carácter pacífico, pero reivindicativo, que ha motivado las numerosas movilizaciones desde el 28 de abril. En este punto merece la pena precisar que los actos de vandalismo pueden ser instrumentalizados por sectores adversos a la movilización social, tanto para deslegitimarla, como para justificar la necesidad de emplear el uso de la violencia. Lo anterior no niega que también puedan estar motivados por personas que aprovechan la situación para beneficios personales, ignorando las motivaciones colectivas que guían el Paro Nacional.


6. Solicitamos que se establezcan puntos de atención médica debido a que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están en su máxima ocupación en varias ciudades, y el manejo de la crisis social deja aún más desprotegidos a las y los manifestantes que no encontrarán servicios disponibles. Esta crisis ha adquirido un matiz de crisis humanitaria, agravada por la acción directa o indirecta del Estado.


7. Invitamos a los organismos de control a revisar el uso desproporcionado de la fuerza y la disponibilidad y uso de armas largas por parte de la Policía, contraviniendo la orden de la Sentencia 7641 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia. También, es necesario indagar la posible caída de la red de internet reportada por el Portal de Seguimiento Netblocks el pasado 5 de mayo en el barrio Siloé en la ciudad de Cali. Dada la naturaleza de hechos recientes de la protesta, las redes sociales han adquirido un valor fundamental como herramientas de denuncia y de visibilización de los acontecimientos. Debido a ello, una caída del libre flujo del internet resulta inquietante, cuando no angustiante. Por lo mismo, saludamos la solidaridad internacional recibida por Human Rights Watch, la Unión Europea, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los congresistas de Estados Unidos, la Oficina de Washington en América Latina (WOLA), la Cancillería de Chile, entre otros, para invitar al diálogo y rechazar los niveles de violencia exhibidos desde el 28 de abril.


Por último, hacemos un llamado al respeto a los Derechos Humanos, a la no militarización de las ciudades, en especial, Neiva; y al diálogo entre las autoridades locales y nacionales con el Comité del Paro y demás asociaciones que hayan decidido entablar conversaciones. En ese sentido, instamos a que las autoridades realicen acciones contundentes como no ordenar la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y a prescindir de la denominada asistencia militar. Es imperioso que la protesta y la transformación social se den de manera no violenta.


Atentamente,



Juan Corredor García*

Director y Fundador de La Gaitana Portal

Investigador Junior de la Fundación Ideas para la Paz


Andrés Mauricio Cabrera*

Colaborador de La Gaitana Portal

Profesor de Hora de Cátedra, Universidad del Rosario


Astrid Flórez*

Colaboradora de La Gaitana Portal

Profesora Asistente, Universidad Surcolombiana


*La posición de los firmantes no compromete bajo ninguna circunstancia la posición de las instituciones en la cuales laboran.


LA GUACHAFITA