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Agresiones sexuales, la realidad del comportamiento violento

Escrito por Gilberto Zúñiga Monje*

Artículo en alianza estratégica con RHUDA, Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos


Imagen: Campaña "Por una sexualidad libre de violencias", 25 de noviembre del 2020, RHUDA.

Nuestra sociedad se encuentra en una constante lucha y transformación hacia nuevos horizontes que nos permitan ser más sensibles hacia las realidades de los demás, el dejar de centrarnos en una idea única de lo que deberíamos ser, al comprender que nuestras realidades son tantas y tan diferentes. Pero ese ejercicio es complejo, y toma bastante trabajo y tiempo. En el ámbito de las violencias, uno de los primeros pasos será la eliminación del mito, el quitar esa concepción de que los agresores son monstruos y bestias lejanas a nuestra realidad. Pero no, no estamos viviendo entre Monstruos, estamos entre seres humanos “buenos y malos”; la desmitificación es necesaria, y con ella el dejar de pensar que las personas con conducta antisocial no forman parte de nuestra sociedad o especie, por ello resulta urgente que conozcamos más sobre sus realidades y en algún momento el poder comprender su comportamiento y qué les condujo a esas acciones que solo producen daño.


Los agresores sexuales, desde mucho tiempo atrás se han convertido en una preocupación constante, no solo para la humanidad y sus comunidades, sino también para la psicología y otras ciencias, que buscan encontrar no solo las causas de este tipo de actuaciones, sino también sus consecuencias. De esta manera, es importante reconocer la violencia sexual en su interpretación más amplia, tal como la definen desde la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo (p.1).”


En este sentido, la violencia sexual implica el uso de la fuerza física, la coerción o la intimidación psicológica —no necesariamente las tres — con la intención de que una persona lleve a cabo un determinado acto sexual u otros comportamientos sexuales no deseados. La coacción puede implicar además el uso de diferentes grados variables de fuerza, intimidación psicológica, extorsión y amenazas de todo tipo, y en la misma medida se reconoce la existencia de violencia sexual si la persona no se encuentra en las condiciones óptimas de dar su consentimiento, como es el caso de una persona que se encuentra en estado de embriaguez, o sometida a alguna droga específica. Además, según la Organización Panamericana de la Salud (2017), se ha evidenciado que la violencia sexual generalmente proviene de la pareja o de personas que se encuentran muy cercanas al entorno de la víctima, personas en las que posiblemente confía y que dificultan aún más el proceso de reconocimiento de la agresión o de denuncia. Por otro lado, el estudio de Children Change Colombia (2018), permite evidenciar que la violencia sexual no solo es un problema que vulnera de manera directa los derechos de las y los colombianos, sino que de manera específica afecta a los niños, niñas y adolescentes, perjudicando en el mismo sentido su salud, bienestar y desarrollo, e incrementando la vulnerabilidad frente a otros tipos de violencias.


Un conflicto frecuente al hablar de esta temática es que se trate de un problema “silencioso” y silenciado, donde las cifras oficiales muchas veces no reflejan la dimensión del asunto, debido a que muchas personas víctimas “deciden” no hablar sobre la situación vivenciada, precisamente por sentir vergüenza y culpabilidad o por temor a las repercusiones que sus denuncias puedan tener en sus familias y demás entornos sociales. En el momento existe un reporte de Medicina Legal, que informa que 21.434 casos de violencia sexual han sido reportados en Colombia en el año 2021, de los cuales el 82% han sido cometido contra niños, niñas y adolescentes, siendo el rango que más se ha visto afectado las personas entre los 6 a los 17 años.


Sumado a estos datos, preocupa que en Colombia, de acuerdo con Serralde (2021), el INPEC reconoce que 1.251 personas que fueron detenidas en prisión o en su domicilio han reincidido en delitos sexuales contra menores, 692 de los cuales fueron cometidos contra menores de 14 años, y 559 se tipifican como abuso carnal abusivo con menor de 14 años; haciendo un análisis de las cifras sobre las personas que se encuentran cumpliendo una condena por diferentes delitos se evidencia que el índice de reincidencia general de personas detenidas por todo tipo de delitos es del 13%, y el de reincidencia en delitos sexuales es del 8.6%. Así mismo, se estima que las cifras pueden ser mayores precisamente porque en la mayoría de las ocasiones el delito sexual no es denunciado, ya sea porque la víctima se encuentra cohesionada por su agresor o porque el delito es cometido contra un menor que no tiene las mismas posibilidades de denunciar.


A causa de la necesidad investigativa y social que se produce por querer comprender y modificar dichos comportamientos, se han desarrollado variedad de programas que buscan generar una alternativa de tratamiento para los agresores sexuales, en especial dirigidos a hombres. Dentro de los enfoques de dichos programas se incluyen componentes que han sido diseñados para generar empatía por las víctimas, rompiendo los mitos que normalizan las agresiones sexuales y los estereotipos de género, y eventualmente capacitar a la población para que intervengan ante posibles agresiones. Este tipo de programas se reconocen como eficaces en la reducción de la intención futura de ser sexualmente agresivo, pero se clasifican como poco eficientes para disminuir la perpetración real de la agresión sexual, posiblemente relacionado con la existencia de distorsiones cognitivas[1] que difícilmente pueden ser analizadas en una persona que con antelación no ha demostrado algún tipo de indicador que lleve a la violencia sexual, o inclusive con la normalización de esta conducta en algunas sociedades, siendo este un comportamiento que difícilmente se puede modificar en la mente del agresor; además vale la pena considerar que una problemática latente incluye el hecho de que los agresores sexuales difícilmente se reconocen a sí mismos como personas en conflicto, gracias a las distorsiones cognitivas, se puede analizar que estas sirven como un aliciente que les permite la minimización, la negación o la atribución de culpa a los demás de su actuar de agresores; situación que agrava además una resistencia al tratamiento.


Por todo lo anterior, aunque resulte motivador el hecho de que existan dichos programas e investigaciones en pro de reducir las incidencias de este comportamiento, la realidad nos demuestra que el problema es mucho más complejo y aún faltan avanzar en muchísimos contextos más, ya que no podemos alejarnos de la concepción que el humano se desenvuelve como un ser biopsicosociocultural y de nada servirá que podamos generar cambios en sus estructuras mentales, si sus contextos familiares, sociales, económicos, etc. siguen siendo los mismos.

[1] Las distorsiones cognitivas son interpretaciones erróneas de la realidad. Se pueden encontrar alineadas en diferentes tipos de trastornos mentales como son la depresión, los trastornos alimentarios y/o el trastorno psicótico, entre otros y se pueden evidenciar usualmente en personas con conducta antisocial. Gannon, T. A., Ward, T., Beech, A. R., & Fisher, D. (Eds.). (2007). Aggressive offenders' cognition: Theory, research and practice. John Wiley & Sons Ltd.


*Gilberto Zúñiga Monje es psicólogo, magíster en Psicología Jurídica. Es voluntario en RHUDA, con acompañamientos psicológicos.


LA GUACHAFITA