• Jaime Navarrete*

Desplazamiento forzado. Un drama sin fin en el territorio nacional

Pese a que este 24 de noviembre del 2020, se cumplen cuatro años de la firma del Acuerdo final de Paz, entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, el país hoy gobernado por un presidente y su partido de derecha que alegaba en campaña “hacer trizas” el Acuerdo, vive una nueva ola de violencia que aunque no se asemeja a las épocas de mayor confrontación armada, sí tiene a miles de colombianos amenazados, con zozobra y miedo, especialmente en las regiones. En el Huila, se ha generado varias alertas tempranas desde la Defensoría del Pueblo.


Foto: Cortesía Colprensa


El Conflicto interno armado colombiano ha sido uno de los más largos y con mayores víctimas no solo en Latinoamericana, sino a nivel internacional. Ocho (8) millones de personas son víctimas del fenómeno del desplazamiento forzado, es decir, han tenido que abandonar sus hogares y huir de forma individual y masiva para salvaguardar su integridad, esto como consecuencia directa de la confrontación armada, pero también como parte de una estrategia de guerra que pretende despoblar algunos territorios estratégicos para afianzar el poder de los actores armados allí (Astaiza Arias, 2013).


Lo que convierte a la nación en el país con más víctimas por este flagelo, superando a Siria que tiene 6’183.900 desplazados y otros países como República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía, Nigeria y Yemen. Esta denominación es ostentada desde el 2015, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Pero, ¿qué se entiende por desplazados internos? Según la ACNUR son las:


"personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida>>. (pp. 7-8, 2016).


Lo lamentable es que es un fenómeno que aún no termina, tan solo en 2019 se registraron 25.000 personas víctimas, 8 mil familias y 64 eventos según Ramón Rodríguez, director general de la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas.


El desplazamiento en el Huila: enclave geoestratégico


Por su parte, el departamento del Huila a lo largo de sus historia ha sido considerado un enclave geoestratégico debido a sus características particulares, sus riquezas naturales, como la estrella fluvial del país, y su ubicación en el territorio nacional que le permite tener un contacto con el suroriente, sur y centro del país.


De igual forma, al ser nicho de las primeras guerrillas que surgieron en el país, y al colindar con departamentos que aún hoy mantienen una activa dinámica de conflicto, presenta hoy 189.362 víctimas según el Registro Único de Víctimas, RUV, de las cuales un 75% aproximadamente son por desplazamiento forzado.


Este fenómeno ha generado una crisis reconocida incluso a nivel internacional como una de las mayores en la era contemporánea, que es de carácter social, económico, político y cultural.


Las víctimas se ven enfrentadas a una institucionalidad débil con pocas articulaciones que permitan una reparación integral y eficiente, que atienda sus problemas urgentes como lo son alimentación y hospedaje, como otras cuestiones estructurales, que pasan por proyectos para rehacer sus vidas, retornar a sus territorios y tratar las afectaciones psicosociales y las secuelas que dejan los hechos.


Así mismo, aunque se han reparado a cerca de un millón de personas víctimas, el proceso ha sido lento y la Ley 1448 o Ley de Víctimas que caducaba en 2021, ha tenido una prorroga hasta el 2030, preocupa que en el país aún la violencia no cese y se sigan generando día a día más víctimas, que irán a sumarse a las millones que llevan años esperando ser reparadas.


Por un lado, las dinámicas del conflicto interno armado colombiano han cambiado de manera notoria desde sus inicios hace más de 50 años, como lo señala Juan Corredor, un investigador sobre temas de paz y conflicto. Por otro lado, varias alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo como la N° 036-18, de Abril de 2018, N° 063-18, de julio de 2018, la N° 029, de julio de 2020 y la N° 043-2020, de agosto del año en curso, documentan la presencia de nuevos actores armados ilegales en el Huila tales como:

  • Disidencias de las FARC, entre estas la disidencia de la Columna Móvil Teófilo Forero y la Columna Móvil Dagoberto Ramos, y otro grupo con algunos integrantes del Frente 62.

  • Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, así como grupos delincuenciales tales como “Resistencia Guerrillera Nacional-Ejército del Pueblo” y otros con enlaces internacionales como “Héroes del Valle”, “Los Paisas”; “El Cartel de Saladoblanco”, “El Cartel de Pitalito” y el “Cartel Jalisco Nueva Generación de México”, estos últimos que operan sobre todo en el sur del departamento con el fin de controlar y mantener las rutas de tráfico de droga.

Además, del Ejército de Liberación Nacional, ELN y el Ejército Nacional, todos estos actores armados, se vienen disputando el territorio y sus territorialidades que incluyen las normas sociales y hasta prácticas culturales que tienen las diferentes comunidades, generando en esta dinámica cientos de víctimas e incluso revictimizaciones a personas que ya han sufrido los estragos de la guerra.


Hoy el desplazamiento forzado, así como otras prácticas que atentan contra los derechos humanos y el DIH, continúan ejerciéndose en el departamento del Huila, esto pese al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y las FARC-EP, pues sin que se haya implementado de manera efectiva en los territorios, no existe todavía una fuerte, activa y comprometida presencia institucional del Estado, así como garantías para exguerrilleros que emprenden una nueva vida social y política en el marco de los compromisos adquiridos, hecho que como señala Moreno Martinez & Sánchez García, (2015), permite que se mantengan las secuelas, impactos y algunas dinámicas del conflicto en:


"estos departamentos donde sigue presentándose acciones de la guerrilla especialmente las Farc (disidencias), y de grupos pos desmovilización (BACRIM), por el control de territorios, y obviamente por las operaciones militares que se desarrollan para controlar el orden público" (p. 24)


Es necesario como afirma Domínguez Arango, (2008), que además de optar por la salida dialogada del conflicto, los canjes humanitarios y la construcción entre los diversos actores armados legales e ilegales de unos mínimos en el marco de las acciones violentas, propender en:


"Capacitar a la población sobre sus derechos, fomentar la organización comunitaria y fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas como mecanismo de prevención de futuros desplazamientos, y en la pertinencia de fortalecer las organizaciones (públicas y privadas) que atienden el tema" (p. 28)


Porque como lo señala la Defensoría del Pueblo, y de acuerdo a los registros de alertas tempranas a los que pudimos acceder, el fenómeno de desplazamiento forzado sigue siendo una realidad latente.


Municipios con población en riesgo


En el departamento, en varios municipios, corregimientos, veredas y en la zona rural en general hay población en riesgo de ser desplazada debido a factores como atentados a la vida, la libertad y movilidad, el reclutamiento de menores, asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros, las amenazas y la intimidación a la que se están viendo sometidas por los actores armados ya mencionados.


Entre los municipios en riesgo por la creciente escalada del conflicto están Algeciras, que sigue configurándose como escenario clave en la disputa territorial tanto en su zona urbana como rural y donde se ya han se han presentado dos masacres: la primera el 16 de julio y una segunda, el 22 de septiembre, así como asesinatos de al menos 5 líderes y lideresas sociales, y un exguerrillero de las FARC-EP, que se acogió al proceso de paz, todos estos hechos lo que va corrido del 2020.


En Neiva, sobre todo en su zona rural y en corregimientos como Vegalarga y San Luis, en Tello y Baraya, hay más 8 veredas con población en riesgo, y en Íquira, específicamente el corregimiento de Rionegro que colinda con Páez, Cauca, donde los principales amenazados son la guardia indígena y cimarrona, jóvenes y líderes sociales.


Sin embargo, la violencia se ha incrementado desde la intimidación al asesinato también hacia líderes y exguerrilleros en los municipios de Pitalito, Colombia y Campoalegre.


Resulta urgente implementar la política de prevención al desplazamiento y los diversos protocolos internacionales, superando las dificultades en la implementación de planes de prevención y proyección, los planes de protección colectiva algunos con enfoque diferencial, en el cumplimiento de las recomendaciones de los informes de riesgo y las alertas tempranas emitidas por la misma Defensoría del Pueblo, esto implica atender los problemas que ocurren por:


"dificultades de acceso a las comunidades afectadas, la inacción del Gobierno a nivel nacional, departamental y local, la baja coordinación interinstitucional, la falta de diálogo e interlocución con las comunidades para desarrollar estrategias de intervención con enfoque diferencial para la mitigación de los riesgos y el bajo nivel de cumplimiento de órdenes judiciales y administrativas" (p. 36-37, Defensoría del Pueblo de Colombia, 2019)


Del mismo modo, es clave la generación de acuerdos interdepartamentales tendientes a la reubicación y atención de desplazados, tal como lo menciona Arango, (2008); y una mayor visibilización y profundidad por parte de los medios de comunicación de la complejidad y las dinámicas del conflicto que siguen generando desplazamiento forzado en todo el país.

* Estudiante de Comunicación Social y Periodismo, Universidad Surcolombiana.

Bibliografía


ACNUR. (2016). Principios rectores de los desplazamientos internos.

Alape, A. (1983). El bogotazo : memorias del olvido. Bogotá.

Arango, D. (2008). 10 años de desplazamiento forzado en Colombia. La política, la cooperación internacional y la realidad de más de dos millones de colombianos. 5–43.

Astaiza Arias, G. M. (2013). Dinámicas sociales, calidad de vida y salud en desplazados por la violencia del 2007 al 2010 en Neiva, Huila (Universidad Nacional de Colombia). Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/44120/

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Guzmán, Germán; Fals, Orlando: Umaña, E. (n.d.). La violencia en Colombia: estudio de un Proceso Social.

Moreno Martinez, J., & Sánchez García, R. (2015). Informe defensorial desplazamiento forzado de los departamentos de la región andina. Defensoría Del Pueblo - Delegada Para Los Derechos De La Población Desplazada, 47.

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Ruiz R, N. Y. (2011). El desplazamiento Forzado en Colombia: una revisión histórica y demográfica. Estudios Demograficos Y Urbanos, 26(1), 141–177.

Ruiz Ruiz, N. Y. (2007). El Desplazamiento Forzado en el interior de Colombia : Caracterización sociodemográfica y pautas de distribución territorial 2000-2004. 1–287. Retrieved from https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=67d9fd7d-a8e2-becf-29a5-71749961485d&documentId=a891c4ae-b0f7-3fd7-ab14-8d7f5f57402f


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