• James Córdoba*

Sobre la toma de posición en el caso de la estatua de Belalcázar en Popayán


Foto: EFE.

"Non omne quod licet honestum est" Julius Paulus Prudentissimus


“No todo lo lícito es honesto”, declaraba Paulo en el Digesto. Basta con visitar un par de lugares comunes para verificarlo: el esclavismo fue legal en algunos países del mundo, incluida Colombia, como fue legal en Atenas (de donde nos viene el concepto de democracia desde el dêmos-krateîn, “gobierno o poder del pueblo”) el excluir a las mujeres - y a los esclavos - de la participación política y ciudadana. En el concepto original de Democracia, entonces, no se consideraba la posibilidad de permitir que mujeres o esclavos participaran en el ejercicio de la política, y esto era completamente legal.


Resulta innecesario explicar por qué tanto el esclavismo como la exclusión de las mujeres en el ejercicio de la política constituyen prácticas que se alejan de la honestidad (entendida ésta como lo racional, decente, digno, recto y respetuoso), en la medida en la que establecen una jerarquía de valores en función de la cual existiría una superioridad intrínseca en las personas de sexo masculino de origen noble o caucásico, así como una inferioridad intrínseca en las personas de sexo femenino o aquellas de sexo masculino de otros orígenes étnicos o socioculturales. En esto parecen estar de acuerdo la mayoría de países occidentales que alguna vez practicaron el esclavismo o que consideraron como ilegitima la posibilidad de permitir la participación de la Mujer en la vida política.


Pero no siempre fue el caso, dicho consenso. El disenso puede ser ilustrado a través de un ejemplo significativo e históricamente reconocido: la Guerra de Secesión. Durante y tras las elecciones presidenciales de 1860, cuando los Republicanos en cabeza de Abraham Lincoln decidieron promover la abolición de la esclavitud en la totalidad del territorio estadounidense, el pueblo de dicho país se dividió literalmente en dos. Los Estados del sur se caracterizaron por su vehemente rechazo a dicho precepto y decidieron separarse de los otros Estados para crear un país aparte en el cual la esclavitud siguiera siendo legal.


Dicha secesión o separación condujo a la Guerra Civil Estadounidense o Guerra de Secesión, durante la cual los Estados Confederados del sur, pro-esclavistas, se enfrentaron a los Estados de la Unión del norte, abolicionistas, en un conflicto civil armado que duró cerca de un lustro y tuvo un costo incalculable en vidas humanas. Mientras duró, los Confederados adoptaron su propia bandera (diseñada originalmente por el artista pruso-estadounidense Nicola Marshall, y que fue evolucionando hasta la “Navy Jack” o “Bandera Rebelde” definitiva) como una manera de representar de manera icónica su independencia y su separación de las leyes abolicionistas del norte.


La bandera confederada: historicidad de un ícono contestado


Miembros del Ku Klux Klan portando banderas confederadas. Foto: Cortesía BBC.


Una vez terminada la Guerra Civil y terminado el periodo de secesión, la bandera confederadada se convirtió en un ícono controversial. Sigue siendo expuesta en lugares públicos de los antiguos Estados Confederados y desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2020 se consideró legal permitir su uso como símbolo patrio en las instalaciones militares de la Marina estadounidense(1). Su uso y su consideración como símbolo patrio, así como su valor histórico, son significados desde dos perspectivas distintas.


Por una parte, quienes la defienden aseguran que es un elemento identitario representativo de la unidad y la gallardía de los pueblos del sur frente algo que en ese momento de la historia consideraban injusto por atentar contra lo que ellos consideraban legal y parte integral de su identidad y de sus hábitos. Del mismo modo, consideran que la misma hace parte de la historia del país y que su iconicidad brindó aliento y motivación a los soldados de los Estados del sur durante la Segunda Guerra Mundial, por lo cual debe ser protegida.


Quienes rechazan su uso público y los honores que recibe durante algunos eventos sociales, la ven como un símbolo de la opresión y el desprecio hacia la igualdad de los seres humanos, en particular los ciudadanos estadounidenses, independientemente de su origen sociocultural y de sus características étnicas. Para este segundo grupo de ciudadanos, la presencia de dicha bandera en lugares públicos, así como los honores que recibe, constituye un insulto a la memoria de las personas que sufrieron la condición de esclavos con todos los atentados a la dignidad humana que su ejercicio conlleva.


Este disentimiento, que ha durado ya un siglo y medio, planteó en la sociedad civil estadounidense, así como en sus fuerzas armadas, un necesario debate sobre la moral y sobre la ética en lo que implica el valor histórico de los símbolos. El carácter moral y ético del debate reside en dos elementos fundamentales del mismo: por una parte, dicho valor histórico de los íconos (en particular de la bandera confederada) ha sido analizado desde su relación con el comportamiento humano y lo que se ha considerado honesto o deseable en el seno de la sociedad estadounidense a lo largo de su historia moderna. Por otra parte, su uso y su lectura divergente por parte de grupos distintos (pero igualmente legítimos) de ciudadanos estadounidenses, han sido analizados desde la manera en la que éstos pueden normalizar formas de vida y comportamientos entre los miembros de dichos grupos (reforzando un ethos bajo el cual se seguiría considerando legítimo el racismo, por ejemplo, o un ethos bajo el cual se seguiría considerando necesario el ejercicio de la violencia en la búsqueda de la igualdad).


En este orden de ideas, el debate es moral en la medida que indaga el comportamiento de los ciudadanos (civiles y militares), y ético en la medida en la que indaga los hábitos que sustentan a las costumbres y su rol en la perpetuación o la erradicación de la jerarquización en el valor de la vida humana con criterios basados en diferencias étnicas o socioculturales (el racismo, la xenofobia, la división de la población entre ciudadanos de primera y de segunda clases).


Es importante resaltar que este debate fue planteado no sólo en el medio de la sociedad civil, sino también – y sobre todo – en el seno de las Fuerzas Armadas estadounidenses (en particular en la Armada) a partir de prudencias como las siguientes: ¿debiese darse prevalencia al valor icónico de la bandera confederada por lo que ella significa para una parte de la población originaria de los Estados del sur? O, ¿Debiese, en cambio, focalizarse la atención en la forma como brindarle honores a dicho ícono al permitir su uso en espacios públicos u oficiales significa la perpetuación de una visión jerarquizante de la población estadounidense y, más ampliamente, de la vida humana?


Esta última pregunta pudiese parecer desproporcionada, pero resulta necesaria teniendo en cuenta, al menos, un contexto específico: la convivencia de la bandera confederada con iconografía neonazi, misógina, xenófoba y homófoba en espacios de manifestación pública o privada de grupos como el Ku Klux Klan - KKK, que ha conducido a enfrentamientos entre grupos de ciudadanos estadounidenses como el anteriormente citado y el correspondiente a las Panteras Negras (2). De hecho, no es gratuito, para quienes la bandera confederada es leída como un símbolo de opresión, el que hayan sido precisamente seis oficiales confederados (al parecer en cabeza del General Nathan Bedford Forrest) quienes fundaron el Ku Klux Klan al final de la Guerra de Secesión.


Dicha conexión entre el uso de la bandera en espacios públicos y oficiales (incluidos de manera capital aquellos espacios relacionados con las Fuerzas Armadas) y el valor icónico que tiene dicha bandera para grupos supremacistas como el KKK (fundado por militares confederados al final de la Guerra de Secesión), constituye uno de los elementos que explican el particular interés que han tenido las Fuerzas Armadas estadounidenses en el debate acerca de la iconicidad de la bandera confederada y de su uso. Así, a los aspectos morales, éticos y deontológicos del debate, se suma otro elemento primordial de naturaleza relativamente proxémica: el valor relativo que tiene el uso de un símbolo en un lugar determinado del espacio en relación con las personas que hacen uso de dicho espacio, o el significado que tiene el espacio en cuestión para dichas personas. Este aspecto relacionado con lo proxémico es fundamental para comprender la decisión, por parte de la Armada estadounidense, de suspender y prohibir el uso de la bandera confederada en espacios oficiales.


Por supuesto, no existe unanimidad, por parte de la población civil, en lo que respecta a esta decisión. Una parte de la ciudadanía considera que el retiro de la bandera confederada constituye un reconocimiento oficial de la necesidad de resignificar los espacios públicos y oficiales, evitando elementos discriminantes o supremacistas. Otra parte de la población considera que la prohibición vehicula una agresión hacia quienes ven en la bandera confederada un símbolo de su historia ya desprovisto de los significados discriminantes que le atribuyen quienes se le oponen. Dicho de otro modo, una parte de la población se siente agredida por la presencia de dicho elemento icónico en espacios públicos u oficiales, mientras la otra parte de la población se siente agredida por su ausencia.


Y es aquí donde entra en juego la deontología: ¿resulta absolutamente necesario conservar un ícono en lugares públicos u oficiales privilegiados aun cuando su presencia pueda ser percibida como una legitimación de la opresión llevada a cabo por parte de un grupo de ciudadanos sobre otro? La respuesta a esta pregunta dependerá completamente del tipo de sociedad que se busque construir, de los valores que se consideren importantes en las relaciones sociales entre grupos de ciudadanos de convicciones divergentes pero igualmente legítimos, y del valor relativo que se le dé a los grupos sociales en disensión respecto de los íconos.


En el caso de la Armada estadounidense, se privilegió la coherencia entre el uso de los espacios oficiales o públicos y la Constitución política de un país que ya no se considera a sí mismo esclavista. Tal y como avanza el debate en otros sectores de la sociedad, es verosímil pensar que el uso de la bandera confederada como testimonio de una parte de la historia y su exposición en lugares como museos seguirá siendo autorizado, mas no así su preconización en lugares oficiales o públicos.


El caso de la estatua de Belalcázar en la ciudad de Popayán: una lectura ciudadana


Foto: Cortesía de valledepopayan.blogspot.com.co/


En el caso hasta aquí expuesto, el cuestionamiento acerca del uso y la exposición de elementos simbólicos como la bandera confederada en lugares oficiales o públicos se ha fundamentado en un análisis ontológico (el análisis de las cosas tal y como son) con una perspectiva deontológica (una visión acerca de las cosas como se considera que deberían ser) teniendo en cuenta elementos proxémicos (la forma como las personas, las poblaciones y las culturas dan un significado al espacio). Estos elementos morales, éticos, deontológicos y proxémicos parecen subyacer a toda decisión acerca de los íconos y los símbolos que son significados o leídos de manera divergente por miembros de una misma población o comunidad en un momento determinado de la historia.


En efecto, más allá del uso de las banderas, el significado de la presencia o la ausencia de otros tipos de íconos (como los templos religiosos y las estatuas o monumentos históricos) en lugares determinados, parece haber sido analizado de manera consciente o inconsciente bajo los mismos criterios por las poblaciones interesadas en dichos espacios. Se podría citar, a manera de ejemplo, casos como el significado relativo que tiene la presencia o la ausencia de templos cristianos en la Ventana 10-40 (en particular en el norte del África y el Medio Oriente), la presencia o ausencia de templos musulmanes en el centro y el norte de Europa (en particular en Francia y en los países escandinavos), y la forma como las citadas presencias o ausencias de los respectivos íconos son interpretadas por grupos poblacionales de opiniones divergentes que, más allá de sus disensiones, son ciudadanos legítimos de los espacios en cuestión. En consecuencia, en los debates públicos acerca de la conveniencia o la necesidad de prohibir, garantizar, limitar o normar la presencia de este tipo de íconos, los argumentos parecieran estar fundados (con un cierto grado de sistematicidad) en criterios de índole moral, ética, deontológica o proxémica.


Realizar un análisis desde dichas perspectivas podría resultar útil para avanzar en la comprensión de la problemática en el caso específico de la estatua del Conquistador Sebastián de Belalcázar en la ciudad de Popayán y la forma como su ubicación (en lo que la ciudadanía del común conoce como el Morro del Tulcán o Pirámide de Tulcán, y que la comunidad indígena Misak conoce como Kuta Inti o Pirámide del Sol) ha generado un conflicto alimentado por opiniones divergentes de ciudadanos igualmente legítimos por encima de sus disensiones. La importancia de incluir estos elementos de análisis en el debate sobre el significado de la presencia o la ausencia del mencionado monumento en dicho lugar, radica en la urgencia de comprender las razones que llevaron a que el mismo fuese derribado por algunos indígenas de la comunidad Misak el pasado 15 de septiembre.


Pueblo Misak. Foto: Cortesía Radio Nacional de Colombia.


Más allá de la aprobación o el rechazo hacia el hecho mismo, la comprensión de las razones que lo motivaron constituye una vía necesaria en la búsqueda de una solución al conflicto so pena de que el mismo recrudezca. Del mismo modo, una comprensión de las razones que motivan el interés de la parte de la población que desea conservar el monumento en el mismo lugar es también necesaria para poder entablar un diálogo en búsqueda del consenso. En ausencia dicho consenso, cualquier decisión corre el riesgo de permanecer en el plano de lo paliativo, tratando el síntoma sin solucionar el problema de fondo.


El actual estado de las cosas y las vías posibles


Sobre la base de las anteriores consideraciones, sería necesario abordar los aspectos ontológicos, morales, éticos, deontológicos y proxémicos dentro de los que se enmarcan la disensión y la controversia. Se puede estar o no de acuerdo con los diferentes argumentos que sustentan la toma de posición respecto al hecho histórico en cuestión, pero más allá de esa adherencia o de ese rechazo, ignorar dichos argumentos es un camino seguro al recrudecimiento del conflicto, mientras que considerarlos podría aportar elementos para solucionarlo.


El siguiente no constituye un inventario exhaustivo de los argumentos que han sido presentados por cada una de las partes, sino tan sólo un atisbo sin mayores pretensiones que la de ilustrar de manera muy somera algunos de los elementos a partir de los que podría avanzarse hacia el diálogo.


En lo que respecta a lo ontológico (en el campo del estado actual de las cosas y de las cosas en sí), la problemática gira en torno al significado que se le otorga a un monumento que es entendido, por unos, como un símbolo de opresión y, por otros, como un elemento de memoria histórica ya desprovisto de significados políticos.


El monumento en sí mismo, en su materialidad inmediata, es obra de un artista (Victorio Macho), y desde esta perspectiva, quienes lo defienden argumentan que en calidad de monumento posee un valor artístico, un valor arqueológico y un valor histórico. Este conjunto de valores haría parte de las razones por las cuales tal parte de la población considera que los daños causados al momento de derribarlo eran innecesarios, y que existían alternativas para solicitar el traslado de la estatua a otro lugar si lo que los indígenas pretendían era una forma de destitución simbólica en el marco de lo que denominaron “Juicio a Sebastián Moyano y Cabrera alias Sebastián de Belalcázar”.


La comunidad indígena y la parte de la población que apoya su gesto argumentan que, más allá del aspecto estético y la materialidad inmediata, el monumento celebra la memoria de una persona que fue aun condenada por la propia corona española, entre otros cargos por el de los malos tratos infligidos a los indígenas, que habrían incluido tortura, homicidio, desaparición, violación y otros crímenes hoy considerados de lesa humanidad y en razón de los cuales, a la luz del actual derecho internacional, Sebastián de Belalcázar sería considerado un genocida. Las evidencias en las que los indígenas basaron su juicio y su condena, habrían sido recolectadas a partir de expedientes del Archivo Central del Cauca y del Archivo Central de la Nación, así como de otros documentos históricos que habrían sido aún reconocidos por otros actores por fuera del conflicto.


Considerando el aspecto proxémico de la problemática, resulta necesario indagar la forma en la que la disposición de la estatua de Belalcázar en la Pirámide de Tulcán o Pirámide del Sol influye en su significado en relación con lo que dicho lugar representa para las poblaciones en conflicto.


Para una parte de la población dicho lugar está revestido de un valor urbanístico y estético, haciendo parte integral y necesaria del paisaje icónico de la ciudad. La pirámide estaría ya desprovista de valor sagrado, del mismo modo que la figura de Belalcázar estaría ya desprovista de mensaje político. Para otra parte de la población es importante resaltar el origen indígena de la construcción y su carácter sagrado, en la medida que la historicidad de la misma y aun el trabajo del antropólogo Julio César Cubillos demuestran que en ella se hallaba un cementerio indígena.


Foto: Presunto comunicado en e que se declaran personas no gratas a la comunidad Misak.


Teniendo en cuenta que la estructura habría sido construida por las poblaciones precolombinas entre los siglos IX y XIII, dicho carácter original y sagrado es reivindicado por los actuales pueblos indígenas y quienes apoyan su causa, quienes también señalan que, en principio, era la escultura del Cacique Pubén – esculpida por el artista colombiano Rómulo Rozo – la que había sido destinada a ocupar el lugar que hasta el 16 de septiembre del año 2020 habría sido usurpado por la escultura de Belalcázar, esculpida por el artista español Victorio Macho.


La cuestión sería, así las cosas, doblemente simbólica: por una parte, se habría desdeñado la obra de un artista colombiano en honor a los pueblos indígenas precolombinos para dar preferencia a la obra de un artista español en honor al genocida que los masacró, y, por otra, dicha efigie habría sido puesta precisamente sobre un lugar de valor sagrado para las poblaciones precolombinas. Desde esta lectura, la ubicación de la escultura de Belalcázar en un lugar sagrado para los indígenas constituiría una doble afrenta o una forma de revictimización simbólica que no puede ser ignorada si lo que se busca en una salida consensuada del conflicto.


Desde una perspectiva ética y moral, es decir, desde el campo de los hábitos y las costumbres, podría plantearse diferentes cuestionamientos entre los cuales cabría hacerse dos preguntas. La primera, ¿constituye la fuerza de la costumbre una razón suficiente para perpetuar la presencia de un símbolo percibido como agresivo por una parte de la población que se siente revictimizada por su ubicación en un lugar históricamente significativo y culturalmente sagrado para ella? La segunda, ¿constituye el valor simbólico que se le atribuye a un objeto cultural en divergencia con otros pobladores del mismo territorio una razón suficiente para pretender su reubicación y reemplazo por otro objeto cultural más acorde con la concepción que se tiene del espacio en el que se encuentra? La respuesta a estas dos preguntas va a depender del tipo de sociedad que se pretenda construir, al igual que en el caso de la bandera de los Confederados en el contexto estadounidense.


Considerando la problemática que atañe a la presencia de la escultura de Belalcázar en la Pirámide de Tulcán o Pirámide del Sol desde un punto de vista deontológico, las perspectivas de solución y las decisiones que se tomen al respecto pueden abocar a dos tipos de sociedad relativamente similares pero fundamentalmente distintos: un conjunto de soluciones conduciría necesariamente a una ciudad multicultural (diferentes visiones de mundo cohabitando sin tener una real convivencia, por mucho que se toleren), mientras el otro conjunto de soluciones podría conducir a una ciudad intercultural (diferentes visiones de mundo cohabitando y conviviendo en mutuo reconocimiento, por mucho que se presenten divergencias).


Si las soluciones son diseñadas desde los escritorios sin escuchar de manera activa, es decir, sin considerar realmente las diferentes perspectivas, las decisiones serán consecuentemente burocráticas (del francés “bureau”, que quiere decir “escritorio”, observando las realidades desde una ventana sin participar en ellas). En esta medida, dichas decisiones correrán el riesgo de ser interpretadas como un nuevo ejercicio de poder en el que, haga lo que se haga, al menos una de las dos partes en conflicto percibirá el gesto como un atropello y una imposición de significantes (eventualmente una escultura, aunque en realidad la materialidad del significante no revestiría de verdadera importancia, puesto que sería el gesto en sí lo significativo del gesto).


En esta lógica, si se decidiera restaurar y reinstalar la escultura de Belalcázar sin escuchar ni considerar las reivindicaciones de las poblaciones indígenas, éstas podrían autopercibirse como revictimizadas por la imposición de un ícono de la barbarie que evidentemente no quieren tener en un lugar que sigue siendo sagrado para ellas. Si, por el contrario, se decidiera reemplazar la escultura de Belalcázar por una del Cacique Payán sin escuchar ni considerar las reivindicaciones de la parte de la población que reclama la restauración y reposición de la escultura de Belalcázar, ésta podría percibir el gesto como algo cercano a lo que Giddens define como “Colonización Inversa” (4): dicha parte de la población podría autopercibirse como víctima de la imposición de la visión de los indígenas, con lo cual percibirían a los indígenas y a quienes les apoyan como nuevos victimarios.


Se puede estar o no de acuerdo con Giddens, pero su postulado es representativo de la manera como una parte de la población parece entender la problemática y esto se puede percibir en el discurso que manejan cuando dicen que los indígenas no deberían intervenir en las decisiones que no afectan a sus territorios legalmente reconocidos, del mismo modo en que no permiten que quienes no son indígenas intervengan en decisiones internas que conciernen a dichos territorios.


En el caso de elegir tomar una decisión impuesta desde el gobierno – sea desde la alcaldía, sea desde la presidencia – sin tener en cuenta las diferentes percepciones, sin importar cuál sea la decisión, se correrá el riesgo no sólo de que la misma sea considerada como ilegítima, sino también de conducir a una condición de multiculturalidad con conflictos políticos subyacentes. Seguirían coexistiendo en Popayán por lo menos dos visiones divergentes acerca de la Pirámide y de los íconos que la ocupen, lo que, no hay que olvidar, es sólo uno de los síntomas del mutuo malestar que genera un conflicto que va más allá de lo que concierne a la actual coyuntura. Dicha coexistencia podría ser relativamente armónica en la superficie, pero la antedicha tensión subyacente terminaría por generar otros conflictos y actos cargados de relativa violencia que sólo ahondarían la distancia y alimentarían discriminaciones y resentimientos.


La vía alterna consiste en un ejercicio mucho más lento, mucho más desgastante, mucho más complejo, pero también mucho más democrático: la búsqueda del consenso por medio del diálogo ciudadano. Si se logra articular una estrategia dialogal, y por lo tanto participativa, de modo que las diferentes partes puedan expresar sus percepciones y sus sentires, exponer sus argumentos y ser escuchados de manera activa y tenidos en cuenta en la búsqueda de una solución conjunta, ya el diálogo en sí mismo abriría un camino de reconciliación y de perdón por lo que cada parte haya podido percibir como un agravio.


Sería quizás ingenuo o idealista pensar que un eventual diálogo terminaría en un acuerdo absoluto, y lo más seguro es que aún después del diálogo persistan divergencias fundamentales. Lo importante es que un acuerdo absoluto no es necesario siempre que se logre emprender un camino de reconocimiento y respeto mutuos en el cual la diferencia deje de ser percibida necesariamente como una amenaza.


La condición de interculturalidad reconoce, precisamente, la convivencia de dos o más culturas o visiones de mundo que comparten una serie de espacios comunes entendiendo que los ejercicios que se lleven a cabo en ellos deben ser respetuosos y considerados respecto de las diferencias que allí transitan. El objetivo no es el pensamiento único, la absorción de una cultura por la otra ni la imposición de otra cultura sobre la una. La búsqueda consiste en comprender que los espacios y los íconos están cargados de significados que varían en función de la historia y las experiencias de cada uno de los actores que en ellos conviven o transitan, y que las lecturas que de dichos lugares e íconos se realizan están siempre orientadas por las visiones de mundo que en ellas se encuentran y se materializan.


El significado de los espacios hace parte de un lenguaje social atravesado por elementos subjetivos (la experiencia de cada persona), intersubjetivos (el encuentro de dichas experiencias), culturales (relativos a la historia de un grupo social y su visión de mundo) e interculturales (el encuentro de dichas visiones), lenguaje cuyas reglas son ante todo reglas sociales, como lo señalara Wittgenstein (5), y el re-conocimiento sólo es posible en la medida en la que se procura una práctica de la democracia que realmente incluya a los diferentes actores con sus diferentes perspectivas.


Si lo que se quiere es encontrar una solución rápida al síntoma, la multiculturalidad es la salida. Desde la alcaldía o desde la presidencia se puede emitir un acto administrativo para imponer una decisión cualquiera sobre lo que se hará con la estatua de Belalcázar y con el espacio que ocupaba hasta ese 16 de septiembre. Acto seguido, una vigilancia policiva podría buscar asegurar el lugar para garantizar que nadie haga nada que, materialmente, pueda ir en contra de la decisión tomada desde los escritorios y las oficinas.


En contraste, si lo que se quiere es encontrar una solución eficaz a la enfermedad social que subyace al síntoma, la interculturalidad es la única vía. Los líderes y representantes de los diferentes grupos sociales con percepciones en conflicto podrían reunirse y llevar a cabo un trabajo de sensibilización mutua, un diálogo que permita avanzar hacia alguna forma de acuerdo, aunque sea a tientas y aunque, como es natural, por momentos el diálogo vire de nuevo hacia el conflicto.


De cualquier modo, si lo que se busca es el consenso, ninguna iconografía puede ser impuesta, ni en contra ni a favor de Belalcázar o de Payán (o de cualquier otro protagonista histórico), porque de hecho tal imposición no sería ya necesaria. Casos como la decisión de la Armada estadounidense en lo que respecta al uso de la bandera confederada en los espacios públicos u oficiales demuestran que un sector de la población puede estar profundamente apegado a un ícono y, sin embargo, terminar por decidir desprenderse del mismo (en cuanto sea en determinados espacios), cuando comprende la forma y las razones por las cuales éste mantiene abierta una herida en la memoria histórica del Otro.


A modo de conclusión


Sería pretencioso presentar una conclusión o un conjunto de conclusiones definitivas para resolver el actual conflicto de opiniones y perspectivas en la ciudad de Popayán respecto de los hechos ocurridos el 16 de septiembre. Se podría, en cambio, resumir lo abordado en los siguientes elementos de análisis:


En primer lugar, existen objetos icónicos o simbólicos hacia los cuales algunos grupos poblacionales han desarrollado algún grado de identificación, afecto o apego (por cuestiones históricas, urbanísticas, identitarias o aun por la fuerza de la costumbre). Entre dichos elementos icónicos o simbólicos, los hay que pueden tener significados divergentes para ciudadanos de un mismo país, de modo que lo que para unos representa un valor histórico o paisajístico, parte del rostro cotidiano de un país o una ciudad, para otros representa un homenaje revictimizante a la opresión, un homenaje a la injusticia. El caso de la bandera confederada en Estados Unidos y el de la escultura de Sebastián de Belalcázar en Popayán son dos ejemplos de esto.


En segundo lugar, frente a la dicotomía antagónica en la interpretación de tales elementos icónicos o simbólicos, se puede decidir abrir un espacio para la sensibilización mutua y el diálogo, un camino a la mutua empatía en la búsqueda de un consenso y de una solución concertada en un ambiente de reconocimiento y de paz. También se puede imponer una solución desde un ejercicio de poder llevado a cabo sobre la base de la institucionalidad. El diálogo y la solución por consenso pueden ser procesos lentos y desgastantes, pero tienen la ventaja de sanar, restituir y aun crear tejido social. La imposición de una solución institucional tiene la ventaja de ser más rápida y fácil de implementar, bajo el riesgo de deteriorar aún más el tejido social y recrudecer el conflicto.


De optarse por una solución consensuada, las partes, sus líderes y representantes tendrían que aceptar estar dispuestos a escuchar la visión de mundo del Otro, a considerar las realidades del Otro aun cuando estas resulten incómodas o displicentes. El proceso requeriría de una sensibilización inicial preparatoria que hiciera comprender a las partes en conflicto la necesidad y la ventaja de tener un diálogo asertivo para evitar que en el futuro se reproduzcan acciones que puedan ser interpretadas como una agresión por parte de alguno de los grupos sociales en diálogo.


En tercer lugar, para avanzar en el diálogo y la transformación social es importante derribar algunas barreras en la percepción del Otro. Por una parte, es necesario que las poblaciones indígenas y quienes las apoyan comprendan que un ciudadano común puede perfectamente estar en contra del asesinato de líderes indígenas y sociales, estar en contra de la opresión y el incumplimiento por parte del Estado en los acuerdos y compromisos establecidos con los indígenas, y sin embargo rechazar también la destrucción de elementos materiales, como los monumentos, en la medida que éstos no signifiquen para ellos más que elementos artísticos o estéticos.


Por frívolo que esto último parezca, y muy a pesar de los esfuerzos de aquellos historiadores y profesores de historia que se han comprometido con la revitalización de las lenguas indígenas y la visibilización de su historia, no se puede olvidar que la educación sobre la historia de Colombia y del Cauca no siempre ha encontrado espacios suficientemente enfocados en generar una verdadera empatía hacia los pueblos originarios. De hecho, muchos de los discursos culturalmente cotidianos establecen una frontera que dificulta a los mestizos la comprensión de un aspecto aun biológico: se comparte, entre indígenas y mestizos, al menos una parte de las raíces, puesto que la población colombiana no está compuesta por descendientes de sangre exclusivamente española. Este desconocimiento acaso voluntario de las raíces parece conllevar a ignorar la historia como mutua, de modo que los mestizos parecieran asumir la historia de los indígenas como distante y ajena. Es por esto que un trabajo de sensibilización entre esta población resulta, más que necesario, indispensable.


Por otra parte, es necesario que las poblaciones que no conocen los detalles más escabrosos de la historia posterior a la Conquista, o que no son afines con aquella parte de la visión de los indígenas que es consecuencia de esa parte de la historia, comprendan que existen elementos materiales, como los monumentos, que pueden vehicular significados relacionados con la opresión y la barbarie aún por los lugares en los que están ubicados, y que una víctima o un conjunto de víctimas de dichas opresión y barbarie puede sentirse revictimizada por la ubicación de dichos monumentos en lugares históricamente significativos y culturalmente relevantes para ellos.


Esta díada de comprensiones no significa que, en principio, se acepte sin cuestionamientos la realidad del Otro, ni tampoco que de deba adoptar esa realidad en reemplazo por la propia, sino la disposición a considerar dicha realidad y a extender la propia, o al menos a reconsiderala, en la búsqueda de una convivencia pacífica y empática.


Finalmente, la discusión sobre la legalidad y la legitimidad de los íconos y los símbolos es relevante en una sociedad que busca avanzar en el ejercicio de la democracia y el respeto por la diversidad. No todo lo legal es legítimo, y cuando lo legal es percibido como ilegítimo, es normal (se esté o no se esté de acuerdo con ello) que algunos actores de la población decidan hacer lo que consideran legítimo aun cuando sea contrario a las leyes. Estos actores consideran que no todo lo honesto es legal ni todo lo ilegal es necesariamente deshonesto. Es por esto que, entre los argumentos presentados por quienes apoyan las causas indígenas y el gesto del 16 de septiembre, se hace referencia a eventos como la Revolución Francesa o aún a la Resistencia, también francesa, durante la Ocupación.


Si se busca que dichos actores detengan las acciones que se consideran ilegales y que están fundamentadas en conflictos en la percepción de la legitimidad, una posición impositiva sólo incrementaría el riesgo de reafirmar esa percepción de lo que se considera ilegítimo, conllevando a un efecto contraproducente de recrudecimiento de las acciones por fuera de la ley. Si las autoridades están interesadas en ser representantes y garantes del conjunto de poblaciones que conviven en el departamento del Cauca, y si en realidad se considera el reconocimiento del mismo como un territorio plural en cuanto a las culturas, entonces es necesario que sean reconocidas como legítimas tanto por la población mestiza cómo por la población indígena. Así, frente a la posibilidad de perder aún más legitimidad en la percepción de al menos una de las poblaciones, la búsqueda de un consenso podría, en cambio, conducir al reconocimiento de la legitimidad de las decisiones por parte de los actores que participan en ellas así como por parte de aquellos que las acatan.


Referencias

  1. https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/06/how-us-military-came-embrace-confederate-flag/613027/

  2. https://elpais.com/internacional/2015/07/19/actualidad/1437279940_354446.html

  3. JACORZYNSKI, W. (2011). “La filosofía de Ludwig Wittgenstein como una nueva propuesta para la antropología y las ciencias sociales” en Sociológica (México) vol.26 no.74 sep./dic. 2011. Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco.

  4. GIDDENS, A. (2003). Un mundo desabocado: los efectos de la globalización en nuestras vidas. Madrid: Taurus

  5. WITTGENSTEIN, L. (2000). Sobre la certeza (edición bilingüe). Barcelona: Gedisa

* Mg. en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, Universidad de París – Sorbona.


LA GUACHAFITA
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