• Antonia González Ma*

Alocuciones presidenciales en extralimitación de sus funciones

El Presidente de la República, Iván Duque se ha pronunciado, por medio de alocuciones presidenciales, sobre la detención preventiva del ex presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, considero que no debió hacerlo pues sus pronunciamientos constituyen una extralimitación de sus funciones y ponen en peligro la separación de poderes.


Poco después de la detención preventiva del senador, en una declaración oficial, Iván Duque defendió a toda costa la inocencia de Uribe, pidiendo su libertad. Se trata de un cuestionamiento a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que además sugiere la dirección en que debería actuar la rama judicial.


Sin embargo, el presidente se apoya en un falso supuesto, y es el de que, en este caso, puede hablar como ciudadano y permitirse toda clase de licencias para atacar a la Corte y, en otras oportunidades, hablar como jefe de Estado.


Su posición es errática ya que el presidente debe ser fiel a sus competencias como líder de la Nación y no solo de un partido político (en este caso el Centro Democrático, fundado por su mentor político en 2013). Además, el presidente mismo rompió esa ambigüedad al asumir abiertamente su posición de mandatario, y no de ciudadano, cuando defendió al senador a través de la cuenta oficial de Twitter de la Presidencia de Colombia.


Independientemente de si se pronunció plenamente o a medias como presidente – la discusión a final de cuentas resulta bastante banal –, Iván Duque no deja de ser el jefe del gobierno y, en ese sentido, la cabeza de la rama ejecutiva. Por ende, en respeto de los artículos 188 y 201 de la Constitución, debe apoyar la efectividad de las decisiones judiciales. Es ahí donde su segunda declaración resulta aún más discutible.


En una segunda alocución, el presidente mencionó las posibilidades de convocar una Asamblea Nacional Constituyente apoyada por el Centro Democrático o de reformar la Constitución por vía legislativa. El mensaje supone un desprecio por las instituciones y la aspiración a que el Estado funcione según los intereses particulares de un partido.


Contrariamente a lo que señala el dignatario, la decisión tomada por la Corte Suprema contra Uribe no fue dictada a la ligera. Esta responde a un proceso que la Corte abrió formalmente en febrero del 2018. El caso no ha sido fallado de fondo, así que Uribe simplemente pasó de ser investigado a acusado; no ha sido condenado y sus garantías del derecho al debido proceso siguen intactas (entre ellas, la de la presunción de inocencia).


Por eso, no existe una actitud vengativa por parte de la Corte que se salga de los límites de una simple decisión judicial.


Se solicitó una medida de detención domiciliaria que cumple con una de las tres causales de la medida privativa. Es la que se refiere los posibles riesgos de obstrucción de la justicia respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran al senador. Un debate álgido podría girar en torno a si la aplicación de la detención preventiva (que es una medida excepcional) era en este caso necesaria y proporcionada.


Podríamos evocar al filósofo noruego Jon Elster, quien en Ulises y las sirenas asegura metafóricamente que las constituciones son ataduras con las que el pueblo o el Parlamento previenen y conjuran posibles tendencias suyas a sacrificar la democracia bajo el embrujo de atractivas decisiones del momento. Actualmente se dibuja una tensión entre la Constitución y una fracción de la sociedad, por cuanto esta considera que el texto político no garantiza la imparcialidad de las altas cortes.


Por eso, siguiendo a Elster, resulta fundamental que prevalezca la Constitución y el modelo constitucional de Estado de Derecho frente a estas acusaciones pasionales de ciertos sectores. La Constitución debe ser la cadena con la que nos podamos atar para que, en estos momentos convulsos, no abandonemos el Estado de Derecho y pongamos en peligro la democracia.


A final de cuentas, el presidente de la República es responsable de sus actos u omisiones que violen la Constitución o las leyes (art. 198, Const. 1991).


En ese sentido, no puede ir en contra del Estado de Derecho y la separación de poderes sin atacar la Carta Política. La división de poderes resulta indispensable por cuanto conduce a los órganos del Estado (de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial) a ejercer un sistema de frenos y contrapesos para precaver la concentración de poder en un solo órgano, y que así se respete el Estado de Derecho.

* Caleña. Politóloga de Sciences Po Bordeaux y estudiante de derecho en la Universidad de los Andes


LA GUACHAFITA
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