• Antonia González Ma*

Retos del Estado multicultural con las comunidades afrocolombianas

160 años después de la abolición oficial de la esclavitud en Colombia, conviene examinar qué lugar tiene el reconocimiento de la comunidad afrocolombiana en un Estado que se define como multicultural y pluriétnico. A partir de la Constitución de 1991 y la ley 70 de 1993, los afrocolombianos fueron oficialmente reconocidos como un “grupo étnico”. Este concepto, construido a partir de las reivindicaciones de las comunidades indígenas, plantea ciertos límites prácticos para las comunidades afrocolombianas porque no se les ha permitido contar con un proceso de restitución de tierras efectivo, ni crear una jurisdicción especial afro.


Ilustración: Pedro Ruiz.


El político y esclavista Sergio Arboleda – cuya memoria ha vuelto a ser cuestionada bajo la influencia del movimiento Black Lives Matter – aseguró, en su libro La República en la América española, que era necesario reconstruir la identidad colombiana para lograr la independencia. Esta reconstrucción consistiría en reconocernos como descendientes de los españoles y no de los indígenas “atrasados” porque estos últimos impedirían la construcción de una “nación libre y bien gobernada”.


La historia del Cono Sur, tan bien plasmada por Faustino Sarmiento en Facundo, refleja también la historia de la construcción del Estado colombiano, que pasó por la exclusión de indígenas y afros, mientras sus élites se preocupaban principalmente por recuperar el legado español y europeo. El Libertador, en su célebre discurso pronunciado ante el Congreso de Angostura, dio a entender que la diversidad étnica era un problema y un reto para el nacimiento de las naciones. De ahí, que la solución planteada por Bolívar para formar la Gran Colombia se tradujo en políticas de mestizaje y asimilación racial o políticas de “blanqueamiento”. “La sangre de nuestros ciudadanos es diferente, mezclémosla para unirla” – exclamó el militar venezolano para luego definir a los pobladores del continente como “Americanos por nacimiento y europeos por derechos”. Bolívar se centró en la aparición del criollo como sujeto de derechos en los Estados monolíticos en formación, dejando de lado a indígenas y afros.


Las discusiones sobre el racismo estructural y el falso reconocimiento hacia las comunidades negras plantean, a fin de cuentas, una reflexión propia del multiculturalismo: ¿cómo los Estados de Derecho deberían responder a la presencia de poblaciones cultural y étnicamente diversas dentro de su territorio?


El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”


El filósofo canadiense Charles Taylor parte de la premisa según la cual la identidad, tanto grupal como individual, se constituye gracias al reconocimiento que recibe. Por eso, el falso reconocimiento, o el no reconocimiento del otro, pueden resultar perjudiciales para el individuo y la comunidad. La política del reconocimiento constituye entonces un pilar del Estado multicultural.


Según Taylor, el liberalismo clásico como proyecto político y cultural de las civilizaciones modernas defiende un ideal “monológico” de la identidad, es decir, que considera a la identidad como algo individual. Taylor señala en La ética de la autenticidad que este ideal constituye un “malestar de la modernidad” detectado previamente por Karl Marx y por eso se necesita pasar de una identidad monológica a una dialógica, porque los demás individuos resultan centrales en la construcción de la identidad individual.


El falso reconocimiento del otro sería tan destructivo como su no reconocimiento, por lo que va de la mano con la construcción de un Estado monocultural, en el cual se ha asumido históricamente, que la clave para formar Estados estables consiste en fijar la identidad sobre una sola lengua, cultura y adscripción territorial. Colombia estuvo históricamente marcada por este proyecto del Estado monocultural a través del criollismo o las políticas mencionadas anteriormente que buscaban eliminar la diferencia con la otredad.


Sin embargo, Colombia se ha ido adaptando a una forma de multiculturalismo – porque multiculturalismos hay varios – en los últimos años. Durante los años noventa, varios países latinoamericanos adoptaron nuevas constituciones y llevaron a cabo reformas legales que reconocieron oficialmente la diversidad étnica, reestructurando derechos con parámetros étnicos e incluyendo los derechos colectivos a la tierra.

Estas constituciones – entre las que figuran la de Nicaragua (1987), Colombia (1991), Bolivia (1994), Brasil (1998) y Ecuador (1998) – trajeron un nuevo espacio para el reconocimiento de la diversidad, construido en torno a una concepción específica de la indigenidad. La capacidad que tienen las comunidades indígenas y afrocolombianas de reclamar la tierra y otros derechos bajo las nuevas concepciones de la etnicidad dependen de la forma en que estas son percibidas (cómo se ajustan, históricamente y en el presente, dentro de las estructuras de la indigenidad).


Variaciones terminológicas en referencia a la población afro


Las comunidades afrocolombianas han modificado progresivamente la manera como se definen para formular reivindicaciones políticas.


Durante mucho tiempo, los negros fueron considerados bienes muebles por su condición de esclavos. En efecto, la abolición de la esclavitud fue una de las grandes promesas de la mal llamada Independencia que sufrió enormes contratiempos. En 1821, el general Santander, aferrado a una filosofía liberal, profundamente esclavista, omitió la promesa que Simón Bolívar le había hecho al presidente de Haití, Alexandre Pétion, de terminar con la esclavitud a cambio de armas. Los latifundistas respaldaron al general Santander en su propósito ya que las haciendas se mantenían gracias a la mano de obra esclava.

La libertad de vientres surgió como una solución para erradicar progresivamente la esclavitud. La Constitución de Cúcuta materializó esa iniciativa importada por José Félix Restrepo, pero la medida no dio fin a la esclavitud, al encontrarse con múltiples maneras de evadir sus consecuencias. Por ejemplo, las esclavas negras eran llevadas para dar a luz a Perú, país en donde no se aplicaba la libertad de vientres, para posteriormente ser traídas a Colombia.


Luego, los afrocolombianos pasaron a definirse a sí mismos como campesinos y luego, bajo la influencia de la teología de la liberación, se empezó a construir la subjetividad negra como narrativa. De esta forma, si se entiende que la comunidad negra es una construcción política discursiva, los negros solo existen en Colombia desde la década de los setenta.


Finalmente, con base en la Constitución de 1991 y la Ley 70 de 1993, las comunidades afrocolombianas fueron definidas como grupos étnicos, lo cual les ha permitido formular reclamos sobre su autonomía, autogobierno y territorio. Esto representa una rearticulación de sus relaciones con el resto de la nación y el Estado al pasar de una rúbrica legal de raza a una de etnicidad. Sin embargo, este concepto parece no estar hecho a la medida de la comunidad afrocolombiana.


La etnicidad, un concepto problemático


En Ciudadanía multicultural (1995), Will Kymlicka ya distinguía dos grupos de sujetos: las minorías nacionales y los grupos étnicos. Esta distinción era elaborada con base en varias diferencias. En materia de pretensiones, las minorías nacionales buscan la autodeterminación, es decir, ser reconocidas y mantenerse como una comunidad diferente de la cultura mayoritaria de la que forman parte; mientras que los grupos étnicos buscan integrarse, expresar su particularidad étnica dentro de las instituciones públicas de la sociedad, aunque conservando su cultura. En cuanto al origen de la diversidad cultural, las minorías nacionales son producto de la incorporación de culturas que antes poseían un autogobierno, y los grupos étnicos surgen de la inmigración individual y familiar. Las minorías nacionales ocupan tierras ancestrales; los grupos étnicos, no. Los afrocolombianos no se ajustarían entonces a ninguna de las dos categorías pues no corresponden a una migración voluntaria.


Además, el marco jurídico étnico en Colombia se basa en dos ideas fundamentales: el concepto racial, que insiste en una diferencia cultural frente a la “cultura nacional”, y la conexión con la tierra como elemento constitutivo de este tipo de diferencia. Es la relación percibida con la tierra la que legitima tanto reclamos de identidad étnica como de cultura y, por ende, un “tratamiento jurídico diferente” que justifica a su vez los reclamos territoriales. El problema radica en que los afrocolombianos, que ahora reivindican derechos culturales diferenciados, viven cada vez más en la ciudad; y como la ley 70 y la Constitución de 1991 son profundamente esencialistas, solo se imaginan al negro viviendo en el campo y el mundo rural.

Esta lógica es reconocida internacionalmente y ha sido empleada en los discursos contemporáneos de la etnicidad de instituciones como la OIT y el Banco Mundial. En consecuencia, los afros son percibidos como seres “sin tierra”, carentes de cultura y cuyo apego a la nación no es reconocido. La única cultura disponible, no vinculada a la tierra ancestral, sería la “cultura nacional” de la cual los afrocolombianos son frecuentemente excluidos.


Según la antropóloga Bettina Ng’weno, la conceptualización de etnicidad que está en boga en convenciones internacionales, así como en las constituciones multiculturales, no es la de una minoría o comunidad de inmigrantes dentro de un Estado-nación (como los afrocolombianos), sino la de sujetos colonizados definidos a través de un concepto de indigenidad. En las estructuras legales, la etnicidad es asociada con el sujeto colonizado y la indigenidad, mientras que la raza se vincula al sujeto moderno nacional.


Explicación histórica


Mientras que los Estados latinoamericanos perciben a los indígenas como culturalmente distintos y así los favorecen para reclamar una identidad étnica, los negros no son percibidos como tal y han debido adoptar una identidad “como la indígena” para poder dar paso a reclamos étnicos. Paradójicamente, la noción de distinción cultural fue tomando forma durante los periodos colonial y republicano, bajo la dicotomía constante entre pueblos civilizados e incivilizados, y sentó las bases para una definición del “progreso”.


La clasificación racial de las comunidades indígenas como culturalmente distintas del resto de la sociedad, como “no civilizadas”, propició la disposición de leyes concretas en sus territorios. Prueba de esto es el artículo 1 de la Ley 89 de 1890 (vigente hasta 1996) en donde se distinguía a los indígenas de la sociedad mayoritaria de la siguiente manera: “La legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada por medio de Misiones”. Esta ley constituyó durante largo tiempo la base normativa de los resguardos y el derecho a la tierra de las comunidades indígenas. Para defender su territorio, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) tuvo entonces que reconocer una ley que paradójicamente degradaba a los indígenas.


Un gran contraste entre los logros de las comunidades indígenas y negras


Bajo la rúbrica del Estado multicultural colombiano, los logros de las comunidades indígenas y negras contrastan enormemente: mientras los indígenas constituyen el 3% de la población colombiana y han logrado obtener títulos sobre más del 24% del territorio nacional, los afrocolombianos, que representan alrededor del 26% de la población, solo han ganado títulos sobre el 2% del territorio, ubicado principalmente en la cuenca del Pacífico.


Otra consecuencia de la aplicación de la etnicidad como categoría, y que se encuentra en el centro del debate del multiculturalismo, es el hecho de que las comunidades indígenas cuenten con una jurisdicción especial y los afrocolombianos no. En efecto, esta categorización que combina distinción cultural y territorialidad, junto a la idea de progreso, permitió justificar la existencia de marcos jurídicos diferentes y, en especial, la necesidad de crear una Jurisdicción Especial Indígena (JEI). Así, el artículo 246 de la Constitución estableció y reconoció el funcionamiento de dicha jurisdicción bajo los siguientes términos: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”.


Ante la ausencia de leyes que coordinen el funcionamiento entre la JEI y la justicia ordinaria, la Corte Constitucional ha contribuido con su jurisprudencia a la delimitación de la jurisdicción. En particular, ha reconocido un derecho colectivo de las comunidades indígenas, “cuyo ejercicio corresponde a sus autoridades, para juzgar a sus miembros”[1] y, a su vez, un derecho “individual de los miembros de los pueblos indígenas a gozar de un fuero[2]”.


Hacia una defensa de la Jurisdicción Especial Afro


A diferencia de lo que ocurre con los pueblos indígenas, no existe un artículo de la Constitución que reconozca una jurisdicción especial para las comunidades afrocolombianas, aunque estas hayan sido reconocidas como grupos étnicos por la nueva Carta Política. Algunas interpretaciones apuntan a que esta ausencia de reconocimiento iría en contra del artículo superior 7, el cual estipula que se debe aplicar una igualdad en términos geométricos a las minorías étnicas. Es decir que debería existir un “pluralismo igualitario”, un respeto de sus patrones culturales e incidir en la administración de justicia en todos sus niveles, dando pie al reconocimiento de un sistema de justicia propia.


La posibilidad del reconocimiento y la aceptación de la justicia propia afrocolombiana se encuentra entonces en plena discusión. A los consejos comunitarios afros diseminados en el país se les ha reconocido su autonomía e importancia en la resolución de pequeños conflictos sociales. Pero, en lo que tiene que ver con asuntos penales, su injerencia se reduce a meras acciones de conciliación en causas menores, como lo son las contravenciones policiales y “delitos menores” querellables. Para que la acción penal pueda movilizarse, se necesita que el afectado acuda a los estrados judiciales para ese menester. Esa fuerte centralización del sistema judicial no permite que la solución de los conflictos penales se dé al nivel de las comunidades afro. Frente a los hechos ocurridos en esas comunidades alejadas de las grandes urbes, efecto del cimarronaje, existen grandes dificultades para que el Estado llegue de manera efectiva en su intento de administrar justicia.


Los defensores de la creación de una jurisdicción especial para los afrocolombianos consideran que esta comunidad ya cuenta con todos los elementos que fueron necesarios para crear la Jurisdicción Especial Indígena. En efecto, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras poseen unas normas escritas y otras orales codificadas (planes de zonificación, de organización territorial, reglamentos internos, entre otros); existen sujetos especiales a los cuales se aplican estas normas; y cuentan con una autoridad que imparte ese ordenamiento (los consejos comunitarios o las autoridades étnicas como lo son los consejos de ancianos, los matriarcados o los consejos de mayores).


El elemento más problemático es el de la territorialidad (mencionado previamente) ya que estas poblaciones han migrado progresivamente hacia las ciudades, cuando la mayoría de prácticas y costumbres del derecho consuetudinario se sigue aplicando en zona rural con la intervención de las guardias cimarronas.


Quedan entonces varias preguntas por responder para afrontar los retos que impone la comunidad afrocolombiana al Estado pluriétnico y multicultural: ¿cómo las comunidades negras y afrocolombianas desarrollan y articulan a su dimensión social y política una manera de resolver el conflicto? Si el sistema judicial de Colombia está constituido por un sistema en el cual la jurisdicción ordinaria comparte la administración de justicia con justicias especiales, ¿qué lugar ocupan estas prácticas y saberes de justicia propia (étnica) en el sistema nacional de justicia?



[1] Sentencia T-208 de 2015.


[2] Sentencia T-496 de 1996.

* Politóloga de Sciences Po Bordeaux. Estudiante de Derecho, Universidad de los Andes.


LA GUACHAFITA