• Laura Penagos Peña*

¿En qué va la implementación de los PDETs?


Ya han transcurrido más de dos años de la firma del acuerdo de paz entre el estado colombiano y la Farc; desde entonces diversas voces han sumado a múltiples reclamaciones por parte de Organizaciones Sociales, integrantes del ex grupo guerrillero, senadoras y senadores cercanas al acuerdo, sociedad civil, etc., que han acusado al gobierno de no cumplir con lo pactado.

A esto se suman los asesinatos sistemáticos de lideresas y líderes sociales y personas desmovilizadas. Uno de los casos más emblemático es el de Dimar Torres, un ex combatiente acribillado a manos del ejército colombiano. En primera instancia este acto fue negado por el ahora ex ministro de la Defensa Guillermo Botero y, luego de pesquisas e insistencia por parte de la comunidad, se logró establecer la responsabilidad del ejército y con ello abrir el camino para la investigación que halle a los responsables intelectuales.

En Colombia el pan de cada día desde que Iván Duque asumió la presidencia, ha girado alrededor de movilizaciones sociales (paquetazo neoliberal, corrupción, etc.) y asesinatos. Recientemente el país conoció en medio del debate de moción de censura contra el entonces Ministro de la Defensa Guillermo Botero, que 8 menores de edad (se cree que son más) fueron bombardeados en zona rural del Departamento de Caquetá, acto que horrorizó al país y precipitó la renuncia de Botero. Como mecanismo de defensa el estado señaló que: ¡como estas niñas y niños fueron reclutados por las denominadas disidencias de las Farc, pues..! En igual tono y ante medios nacionales, el ahora senador y ex presidente Álvaro Uribe Vélez indicó: “Si hay unos niños que están en el campamento de un terrorista, ¿qué supone uno?”.

Pero mientras la movilización recrudeció a partir del 21 de noviembre y la represión estatal ya cobró la primera vida -el joven Dylan Cruz- y la primera lesión irremediable al ojo de un participante de la llamada “primera línea”, detenciones y demás; el gobierno Duque anunció la puesta en marcha de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), proyecto liderado por Emilia Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Dicho programa pretende implementar proyectos de desarrollo rural en las apartadas zonas de Colombia, históricamente desatendidas por el estado y golpeadas mortalmente por el conflicto social y armado.

Los PDETs, son instrumentos para la planificación y gestión de proyectos para ser efectuados a 15 años, priorizando zonas rurales golpeadas por el flagelo de la guerra y, con alarmantes índices de pobreza y economías ilícitas. Dicha implementación se realizará en 170 municipios (se prevé que se comprometerá a 11 mil veredas), agrupadas en 16 subregiones. Dicha ejecución será realizada en tres fases: Veredal, Municipal y Subregional.

La fase Veredal contempla que, de los 170 municipios agrupados en zonas veredales, en ejercicios de pre-asambleas comunitarias se asigne a un grupo de personas que serán las encargadas de ser las promotoras en la construcción del desarrollo productivo y social del municipio que, en posteriores Asambleas serán aprobadas mediante el Pacto Comunitario para la Transformación Regional –PCTR- Como resultado de la construcción y ejercicio democrático, se construirá el pacto municipal y con él la fase Municipal, en donde se debe vincular al sector privado, la institucionalidad pública, organizaciones sociales y demás actores para que contribuyan con la ejecución de los mismos. El último paso será el Subregional, donde todas las delegadas y delegados de las fases anteriores, conformarán la subregión de municipios, que pretenderán conectar y aprobar los planes de acción del PDET.

La implementación de los planes son el resultado de formulación de los PDETs, ejercicio que el gobierno nacional pretende sea de manera participativa y con una visión de territorio a partir del diagnóstico de las comunidades acordes a las líneas de acción estratégicas pensadas a 10 años. Las 170 zonas municipales mencionados en los PDETs, obedecen a los municipios priorizados por el Acuerdo de Paz en La Habana.

En el caso concreto del departamento del Huila, el único municipio que contará con estos planes será Algeciras, que conectará con la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. Acá la articulación se contempla a 17 municipios, 16 pertenecientes al departamento del Caquetá el restante le compete al Huila, en donde serán atendidas al 34.9 % víctimas. Para ello la Unidad de Víctimas presentó una cifra estimada con las que se pretende incidir en la reparación de 35 sujetos colectivos, los cuales 3 de ellos no son étnicos, 27 étnicos y 2 organizaciones y/o grupos.

A la fecha se han aprobado 2,58 kilómetros de placa de huella en la zona rural del municipio de Morelia. Adicionalmente ya se han establecido la suma de $1.067 millones, que contempla la caracterización de la vía del tramo de 14,42 kilómetros, más la vinculación de 2000 productores vinculados a la cadena láctea de Caquetá.

Para el municipio de Algeciras, la situación se ha tornado bastante diferente, pues a la fecha sólo ha recibido materiales para la construcción como varillas de acero, alambres y tablas, por un valor de $ 606 millones, de los cuales el Estado, muy orgulloso, ha advertido que faltan 4.137 bultos de cemento, pues en esta zona el proyecto pretende la construcción de 650 metros de placa huella para el mejoramiento de la infraestructura vial de tres veredas: Paraíso, El toro y Quebradón Sur, con lo que se pretende resarcir a 350 víctimas, construir memoria colectiva, esclarecimiento de la verdad y demás elementos para un proceso de reconciliación y no repetición, subsanados a punta de cemento, sin contar con que el campesinado que habita la zona, aún se encuentra a la espera de los recursos para ejecutar los proyectos acordados en las reuniones de procesos PDET.

Para el estado los retos del PDET son enormes, pues con éstos se pretende garantizar la continuidad a proyectos priorizados en zonas rurales, producto de los acordado con el proceso de paz, además y de manera fundamental, que éstos queden inscritos en el Plan Nacional de Desarrollo, todo con el fin de garantizar financiamiento para los mismos, devolver la legitimidad a la institucionalidad a través de la implementación por parte de los órganos de control estatales y promover la participación ciudadana en la planeación territorial.

Según el estado las cifras puntualizan que serán 6.6 millones de personas que habitan estos 170 municipios, de las cuales 2.5 millones son víctimas, quienes serán reparadas mediante la implementación de los PDETs. Igualmente se estima que el 24 % de los municipios atendidos, obedecen a las zonas rurales de Colombia y que el 36 % de estas zonas correspondan al territorio nacional. El estado ha contemplado que el 45% de las zonas, correspondan a los parques Nacionales.

La anterior es una de las más ambiciosas apuestas emprendidas por el estado para llegar a los remotos territorios y de alguna manera, cumplir con lo pactado desde La Habana. Las obras presupuestadas se estiman que sean: alcantarillados, salones comunales, bibliotecas, colegios, vías terciarias, etc., obras importantes pare el desarrollo de las comunidades.

Con los PDETs, se intentará sacar de la ciudad los acuerdos de paz e implementarlos en las zonas rurales, que fueron en últimas las que, en mayor dimensión, soportaron el flagelo de la guerra y las más olvidadas por el estado. También será la estrategia más eficaz para descentralizar los recursos y verificar que se inviertan en las comunidades.

Para el desarrollo de los PDETs el gobierno nacional comisionó a un nutrido grupo de personas del gabinete presidencial, empresarios, diplomáticos, etc., quienes acompañarán el proceso y a su vez, envíen un mensaje directo a las comunidades de compromiso con el proyecto, además de contarle a la nación que, en la primera fase de los PDETs ya se han invertido alrededor de 46 mil millones de pesos en vías terciarias, en los municipios priorizados, bibliotecas, etc.

Aunque la implementación de estos proyectos presupone un enorme esfuerzo tanto físico como económico por parte del gobierno nacional; y además de suponer que éstos serán la manera de resarcir en alguna medida los impactos de la guerra y reparar a las víctimas, hay quienes afirman que los PDETs, no son más que pequeños paños de agua tibia, pues si bien es cierto cubren necesidades básicas de las comunidades, no lograrán una articulación social, en la medida en que los asesinatos sistemáticos persistan, sumado a la presencia de grupos irregulares y la política negacionista del estado en el reconocimiento a la sistematicidad de los crímenes en las comunidades.

Ante las críticas el gobierno Nacional respondió con los Planes Integrales Comunitarios de Sustitución y Desarrollo Alternativo –PISDA-; para que faciliten el retorno de las comunidades desplazadas y contribuyan en la reparación con atención psicosocial a las colectividades y el asesoramiento de proyectos de infraestructura nacional de la mano de las juntas comunales en zonas estratégicas de intervención (ZEII), dichos planes tienen un enfoque militar.

El primer modelo del plan se supone fue entregado el pasado mes de diciembre en la zona de Catatumbo, Norte de Santander, donde hay presencia importante de paramilitares y la guerrilla del ELN, es decir, el estado de nuevo le apuesta a escenarios de intervención militar en las zonas rurales del país.

Pero Emilio Archila insiste en que el reto más significativo de los PDETs, consiste en buscar la financiación necesaria para el desarrollo de los proyectos. Por el momento el estado cuenta con 37.1 billones de pesos del Plan de Inversión para la Paz inmerso en el Plan Nacional de Desarrollo –PND- 2.3 billones provenientes del Sistema General de Regalías -todos ellos deben ser implementados en un lapso de tiempo que inicia en el 2019 y finaliza en 2022- y 5 millones de dólares provenientes de la cooperación internacional, además del enorme compromiso de las entidades de control, que deberán verificar la ejecución del presupuesto, para que no terminen como todo en Colombia, engavetados en las billeteras de unos cuantos personajes.

Lo cierto es que si se logra una buena ejecución de los dineros destinados a los PDETs, esta será una apuesta que por lo menos lleve en algo la mano del estado a las apartadas zonas colombianas, eso sí se consiguen sobrellevar al otro enorme desafío, lidiar con la presión ejercida por el partido de gobierno, el Centro Democrático –CD-, quienes han tildado de “santistas y socialista enclosetado” a Emilio Archila, por el simple hecho de echar a rodar los PDETs, que no es la apuesta socialista del gobierno, sino el cumplimiento de lo acordado por el Acuerdo de Paz.

*Lic. en Lengua Castellana Universidad Surcolombiana de Neiva. Mag. Estudios de la Cultura Mención Literatura Hispanoamericana, de la Universidad Andina Simón Bolívar- Quito- Ecuador-. Trabajo temas de niñez y juventud, especialmente jóvenas en condición de habitabilidad de calle y vulneración de derechos en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON.


LA GUACHAFITA