• Daniel E. Cortés y Alberto Polanía P.

El programa de Derecho en Garzón: mejor cobertura, menor calidad


Foto: Cortesía La Voz de la Región

Acompáñenos a ver esta triste historia. En 2013, el Ministerio de Educación otorgó registro calificado por siete años al programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana, lo que abría la posibilidad de ser ofrecido en el municipio de Garzón.

Abogados por dos semestres

En 2016, el Consejo de Facultad ampliado (con la asistencia de docentes, egresados y estudiantes) de Ciencias Jurídicas y Políticas, concluyó que el Programa de Derecho no se ofertaría en Garzón, mientras no se cumplieran las condiciones mínimas de calidad para su ofrecimiento, en especial, las relacionadas con la falta de docentes de tiempo completo. Esta decisión fue comunicada inmediatamente al Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana.

Posteriormente, el Consejo de Facultad ampliado con la participación activa de 40 profesores en octubre de 2017, respecto a la posibilidad de ofrecer el programa en Garzón, resolvió: “No aprobar la oferta del programa de Derecho en la Sede de la Universidad Surcolombiana, ubicada en el Municipio de Garzón – Huila, hasta tanto no existan las condiciones mínimas de docentes exigidas por el Consejo Nacional de Acreditación para su ofrecimiento”.

Esta postura se escogió con base en argumentos técnicos y conclusiones traídas del proceso constante de acreditación. Pese a lo decidido, el 07 de noviembre de 2017, los miembros del Consejo Académico (salvo voto negativo de MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas) decidieron aprobar la oferta del Programa de Derecho en Garzón, únicamente para los períodos 2018-2 y 2019-1. Decisión que estuvo en contravía de las recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación y los resultados del proceso continuo de autoevaluación iniciado desde el año 2010, aproximadamente.

Una semana después, el Ministerio de Educación le indicó a PEDRO LEÓN REYES GASPAR, Rector de la Universidad Surcolombiana en esa época, que se podía ofertar dicho programa porque el registro está vigente hasta 2020, pero que debía garantizar las condiciones de calidad del programa en extensión para la sede Garzón – Huila, máxime si nunca hubiese sido ofertado; así el principal (en Neiva) tuviera acreditación en calidad.

A comienzos de 2018, se solicitaron las grabaciones de voz de las sesiones del Consejo Académico, sin embargo, la Universidad Surcolombiana respondió el 15 de febrero de 2018 que no darían copia de los audios porque son de uso exclusivo de la Secretaría General, por lo que no fue posible conocer la grabación de la sesión del 07 de noviembre de 2017 en la que se decidió ofertar el pregrado de Derecho en Garzón. Que si se hizo con sindéresis, debío ser una determinación en razón a los principios de publicidad, transparencia y moralidad que rigen la función pública a cargo de la Institución de Educación superior más importante del Sur Colombiano.

Mayor oferta académica no se traduce en mayor calidad

La decisión del Consejo Académico no tuvo en cuenta el análisis juicioso del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas. Si bien una nueva oferta académica brinda mayor cobertura en educación superior, no es una decisión responsable y afecta de forma sensible la comunidad estudiantil. Debe decirse con claridad que se está extendiendo la oferta de un programa de BAJA CALIDAD.

Al reflexionar sobre lo descrito, se podría afirmar que estamos ante el fin de la educación superior de calidad, que una institución que ostenta la acreditación de alta calidad debe garantizar. La orden del Consejo “Académico” no tiene en cuenta los estándares mínimos de calidad para ofertar un programa académico. Por ende, está desconociendo el duro trabajo de docentes, administrativos, estudiantes y cada persona que conforma el equipo de trabajo llamado “Programa de Derecho de la USCO”.

Quienes han realizado esfuerzos coordinados y permanentes con el fin de seguir siendo parte de uno de los seis programas de Derecho (192 en total) con acreditación de alta calidad pertenecientes a una Universidad Pública. Actualmente nuestro pregrado de Derecho es un referente nacional y un actor determinante en el funcionamiento del Estado, en especial, en el sur de Colombia.

Existen 192 programas de Derecho en Colombia, una cantidad exagerada en virtud de la débil vigilancia Estatal, solo 38 tienen acreditación de alta calidad, 10 en proceso de acreditación, y el resto, (72%) son de baja calidad según la reciente investigación de Mauricio García Villegas y María Adelaida Ceballos (Abogados Sin Reglas, 2019).

A pesar de ello y superando todas las dificultades posibles, según las PRUEBAS SABER PRO, el Programa de Derecho de la USCO actualmente ocupa el puesto 15 a nivel nacional, pese a sus pocos años de historia en comparación con las universidades tradicionales como el Externado, la Libre, Santo Tomás, Nacional y la del Cauca. El enfoque pedagógico implementado durante los últimos años en la jornada nocturna y el Programa de Derecho- Pitalito, también ha demostrado excelentes resultados en las SABER PRO al estar por encima de la media nacional en todas las competencias específicas evaluadas. Y se recuerda, nuestro Programa tiene reacreditación de alta calidad.

Paralelamente, desde 2016 todos los miembros del Programa han estado trabajando en el plan de mejoramiento 2016-2019, reflejo de las labores dirigidas desde el Comité de Autoevaluación y Acreditación del Programa de Derecho, dependencia presidida por el Jefe de Programa y el Coordinador del Comité. En estas instancias se revisan las condiciones académicas reales del pregrado para identificar oportunidades de mejora y desarrollar las fortalezas que ya se tienen.

Lo más triste de esta historia

Entonces, devolviéndonos a la impensada postura de la máxima dependencia académica de la “USCO”, es momento de conocer lo más triste de esta historia. Hace quince días, en forma sorpresiva e inconsulta, el Consejo Académico decidió ofertar dos nuevas cohortes del pregrado de Derecho en Garzón porque supuestamente apareció durante la sesión una lista con 600 firmas de unos habitantes del municipio que deseaban ser abogados.

En esta ocasión, según lo plasmado en el Acuerdo CA No. 021 del 09 de abril de 2019, las directivas de la Usco ni siquiera escucharon al Consejo de Facultad, no otorgaron el espacio para la participación del Comité de autoevaluación, tampoco tuvieron en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación ni revisaron la posición unánime del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ampliado fijada desde 2016 sobre la oferta en Garzón. No existe justificación académica para dar la apertura de un programa que no tiene las condiciones mínimas requeridas por el Ministerio de Educación.

Lo cual además, afecta directamente el proceso de la segunda reacreditación, es decir, lo más probable es que perdamos (estudiantes, egresados, docentes y administrativos) la acreditación de alta calidad porque estamos en campaña, estamos recolectando firmas. Perdón. Corregimos, porque la decisión se fundamentó en conceptos técnicos y resultados de un proceso de autoevaluación. Ah, disculpen, corregimos de nuevo, porque… al parecer no se han encontrado las razones académicas; entonces, ¿Por qué ofertaron dos nuevas cohortes en Garzón?

En cuanto a los lineamientos técnicos, es importante resaltar que El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) hizo un profundo análisis sobre el factor de los PROFESORES en el Informe de Evaluación con fines de Renovación de la Acreditación del Programa de Derecho, donde se manifestó que:

"Es prioritario el reconocimiento de la labor de investigación y el necesario impacto sobre el currículo; esto se logra cubriendo los faltantes en el cuerpo profesoral, con descarga académica y otorgamiento de estímulos a la labor docente e investigativa. Hay que fortalecer la planta profesoral para verificar una mejor relación profesor-estudiante”.

En suma, no hay ningún argumento del Consejo “Académico”(conformado por los Decanos de todas las Facultades de la Usco) que permita establecer que existen las condiciones mínimas de calidad exigidas por el Consejo Nacional de Acreditación para ofertar el programa de Derecho en Garzón conforme a los hallazgos obtenidos en el proceso de reacreditación. El problema no está en ofrecer el programa en otra sede. La raíz del asunto está en determinar si esa educación es de calidad o no.

Sin respuestas...

Oportunamente, se ejerció el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, materializado en la demanda interpuesta por el docente Alberto Polanía Puentes el 11 de abril de 2018, en la que solicita la suspensión provisional del acto administrativo ante la Sección Primera del Consejo de Estado, y se pretende la nulidad de la decisión que ofertó el pregrado de Derecho-Garzón tomada por el Consejo Académico de la Universidad Surcolombiana. Contrario a las garantías esenciales a favor de los ciudadanos en una acción constitucional, especialmente, la de obtener una sentencia en un término corto y razonable. El Magistrado Ponente OSWALDO GIRALDO LOPEZ no ha proferido ninguna providencia en el medio de control de nulidad simple con número de radicado 2018-120. Las solicitudes de impulso realizadas por el demandante tampoco han sido resueltas.


LA GUACHAFITA