• Luis Humberto Perdomo*

Dineros con poder


Foto: Cortesía Revista Dinero

En Colombia la financiación de las campañas políticas ha tomado mayor relevancia desde la década de los noventa cuando se dio la infiltración de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Esto simboliza una manera directa de incidir en el gobierno nacional, presionar decisiones y leyes que beneficien a quienes financian campañas.

La Constitución Política de Colombia se refiere a este asunto en el Artículo 109. Allí dice que las campañas serán financiadas parcialmente por el Estado y la ley determinará el porcentaje de financiación a la que tendrán derecho los partidos de acuerdo con su votación.

Sin embargo, la financiación de campañas esconde todo un juego de intereses, por lo menos hablando de las que son de origen privado. Surgen diversos interrogantes: ¿Qué intereses motivan a realizar la financiación de determinada campaña? ¿Están las financiaciones supeditadas a una contraprestación posterior a la elección? ¿Cuál es el monto permitido para financiar una campaña?

En Estados Unidos con la actual administración de Donald Trump se puede reconocer la lógica que desarrolla la financiación de campañas de origen privado. La Asociación Nacional del Rifle, que promueve la tenencia de armas en el país, en el año 2016 durante la campaña presidencial realizó un aporte de alrededor de 30 millones de dólares a la campaña del entonces candidato Trump. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta financiación? Un aliado en la Casa Blanca, desde el principio de su periodo se demostró flexible ante el porte armas y que, a pesar de las marchas recientes a favor de leyes rígidas para el control del porte de estas, el presidente ha invisibilizado y deslegitimado estas demandas argumentando que una población armada no sería víctima de atentados, lo cual ha diezmado los intentos por regular el porte de armas.

También hay casos concretos en Colombia, sin dejar de lado el del presidente Ernesto Samper. En la actualidad América Latina está en la encrucijada por uno de los casos con mayor connotación en los últimos años: la financiación de campañas políticas de Odebrecht en Colombia y otros países de la región. Odebrecht es una constructora multinacional de origen brasileño que tiene incidencia en varios países de América Latina. El propósito con esta financiación era ganarse contratos de obras públicas que debe adjudicar el gobierno Nacional, en el año 2009 Odebrecht tenía el propósito de que la construcción del tramo II de la Ruta del Sol le fuera otorgada, es decir, una clara evidencia de la manera como se condicionan los contratos públicos a empresas que financian determinadas campañas.

Para el caso ilustrativo de Neiva, la administración municipal de Rodrigo Lara puso en evidencia el intercambio de favores que conlleva la financiación de privados, uno de los casos es el de Andrea Marcela Lozano, quien en el reporte de ingresos y gastos de campaña es una de las personas que financia (24 millones de pesos) se le fue otorgado un contrato por valor de $33’141.200 para suministro de impresiones gráficas, vallas, pendones, pasacalles y demás material publicitario y gráfico requerido para la difusión de la nueva estrategia de marca de Empresas Públicas de Neiva-EPN. Esto constituye una modalidad de contraprestación entendiendo que una de las personas que financia la campaña es beneficiada con un contrato, ilustrando de esta manera el favoritismo en el que puede incurrir un gobernante en el marco de los compromisos que se pueden generar con financiación de privados.

Independientemente de la financiación, las contiendas electorales tienen importancia en nuestras democracias, ya que proporcionan el acceso al poder y la expresión de diferentes ideas y propuestas por parte de sectores de la sociedad en los escenarios de toma de decisiones y del poder. Sin embargo ¿Qué pasa si las condiciones para participar en las contiendas electorales no son las mismas para todos aquellos que participan? Claramente, se presenta un desequilibrio que beneficia solamente a quienes obtienen los recursos, los cuales son escasos en un país como Colombia. Por esto en la financiación de campañas, es evidente la falta de garantías que se tiene en una contienda electoral cuando la financiación del Estado es mínima y se recurre a la financiación privada. ¿Qué hacen quienes no tienen amigos empresarios?

De acuerdo con información de la Misión de Observación Electoral (MOE) para la campaña del Congreso de la República de 2014, alrededor de 585 empresas en el país contribuyeron en la financiación a las campañas. Esto representó alrededor del 70% del total todos los ingresos para campañas.

De esta manera, a la financiación de campañas políticas con recursos de origen privado es relevante y a su vez tiene algún riesgo para la democracia, se degenera en plutocracia entendida como el gobierno dinamizado por la elite económica compuesta por un pequeño sector de la sociedad con recursos económicos.

Entonces encontramos primero, un obstáculo para que la voluntad política sea expresada por parte de la ciudadanía en elecciones debido al favoritismo que emerge para favorecer y mantener determinados intereses. Segundo, pone en duda la autonomía de los gobiernos en el desarrollo de sus funciones y en la toma de decisiones, ya que puede desencadenar en una presión hacia los representantes políticos para la adjudicación de contratos y otorguen puestos burocráticos, que coopten el Estado bajo los intereses de particulares.

Para las próximas elecciones locales la financiación de las campañas no se debe descuidar, pues la vigilancia de esta se convierte en una responsabilidad tanto para la ciudadanía como de las autoridades. Asimismo, es necesario seguir poniendo en discusión la financiación estatal de las campañas políticas, que, aunque con el proyecto de reforma política adelantado en el congreso el pasado diciembre no fue posible. El tema también tiene respaldo con el punto 2 de los Acuerdos de Paz. Allí se hace mención a la promoción de transparencia en procesos electorales a través de medidas que garanticen mayor transparencia en financiación de campañas como por ejemplo, por medio de un sistema de financiamiento que acreciente la proporción de la contribución del Estado, reduzca los costos de la actividad partidaria de campañas, minimizando la injerencia de la financiación privada, lo cual ofrece mayor transparencia.

* Estudiante de Ciencia Política, Universidad Surcolombiana


LA GUACHAFITA