• James Córdoba*

Una lectura crítica de la movilización indígena y campesina en el Cauca


Sobre el discurso de algunos medios masivos de comunicación acerca de las actuales movilizaciones sociales de indígenas y campesinos en el Cauca.

Foto: Consejo Regional Indígena del Cauca

El Tiempo publicó un artículo redactado por Michel Romoleroux, el pasado domingo 17 de marzo. Bien hace en mencionar el continuo incumplimiento del Estado frente a los compromisos adquiridos con las comunidades en conflicto. Lo que resulta delicado de ese artículo es que, debido a sus imprecisiones, perpetúa la idea que muchas personas parecen tener sobre la motivación principal de los indígenas en lo que respecta sus movilizaciones. Es decir, se escucha siempre repetir que "es que ellos quieren todo regalado, no hacen sino pedir y pedir tierras para dejarlas improductivas en vez de dejárselas a quienes las quieren trabajar". A ese respecto, hay varias precisiones muy importantes omitidas en el artículo. Para mencionar una, en el imaginario colectivo se ha buscado enfrentar al campesino promedio contra el indígena promedio. "El campesino sí aprovecha la tierra para la producción, mientras el indígena no", se piensa comúnmente. Y se asume que de pedirle al gobierno que no entregue tierras a los indígenas para que no queden vacantes, serían los campesinos del común quienes podrían acceder a ellas. Cierto es que nuestro campesinado constituye una de las regiones demográficas más abandonadas de la nación. También es cierto que las comunidades indígenas suelen recibir mejores garantías y condiciones sociopolíticas que los campesinos del común. No sería injusto decir que son precisamente los campesinos quienes más han sufrido desplazamiento forzado y quiénes más necesitan de tierras, tanto para su sustento y su supervivencia como para la provisión de algunos municipios. Este es un tema bastante extenso y de vital importancia que no sería suficientemente expuesto en un espacio como éste, pero es necesario reconocerlo. Dicho esto, las tierras que los indígenas reclaman en el Cauca no pertenecen a campesinos del común, ni estarían destinadas a ellos: piden, por ejemplo, que se declare los páramos como una especie de santuarios en los que ninguna empresa ni organismo del Estado, mucho menos particulares, pueda llevar a cabo acciones o actividades (en beneficio propio o de terceros) que puedan poner en riesgo la estabilidad y el equilibrio de dichos ecosistemas. Existen, claro, avances importantes en lo que concierne la protección de los páramos colombianos, pero en un contexto como el actual, en el que desde el Ejecutivo se cuestiona aún la legitimidad de las decisiones de la Corte, las comunidades indígenas y campesinas movilizadas en la Minga del Cauca buscan garantías del Estado en este tema tan importante. Los pueblos en Minga buscan proteger los páramos para que no ocurra con ellos lo anunciado y ocurrido con el Cerrejón, en Ituango y, más recientemente, en Caño Cristales. Buscan que el gobierno no pueda vender los páramos bajo la excusa de un desarrollo económico y una explotación de la tierra que nos costaría literalmente la vida de comunidades enteras, como ya ha ocurrido en la Guajira, en la cuenca del Cauca en Antioquia y en otras regiones del país. Buscan garantizar la protección del agua, en territorios que de no ser protegidos podrían caer en manos de multinacionales que no son precisamente célebres por su responsabilidad social ni su cuidado de los tejidos ecosistémicos y sociales de los lugares donde se implantan. Esto sin hablar de la ganadería expansiva sobre cuyo impacto hay suficientes estudios que demuestran lo nociva que es a nivel ecosistémico, demográfico y social.

Lo anterior no quiere decir que todas las empresas, especialmente las multinacionales, carezcan de responsabilidad social, ni que sean esencialmente eco-irresponsables, sino simplemente señala que el interés de las movilizaciones es evitar la explotación de zonas frágiles e indispensables para el agua, por ejemplo, así sea bajo altos estándares de cuidado con el medio ambiente. Esto es de una importancia capital, porque la defensa de los páramos no beneficia únicamente a las comunidades indígenas; nos beneficia a todos.

Sí, los indígenas piden territorios que no piensan explotar sino proteger, precisamente porque la explotación de dichos territorios acarrearía daños irreparables para todos los caucanos: indígenas, campesinos y gentes de las ciudades. Quizás por esto, en el actual proceso de movilización social y cultural, cuentan con el apoyo formal de las comunidades campesinas a las que personas con otros intereses quisieran enfrentarlos en nuestro imaginario. Ésto es profundamente significativo y debería ser suficiente para invitarnos a la reflexión. Dicho esto, la presente crisis representa una oportunidad para mejorar lo hasta ahora pactado y pasar a darle cumplimiento. Por una parte, resulta indispensable implementar un programa de garantías necesarias para salvaguardar la vida de los líderes sociales de las comunidades campesinas e indígenas, como lo solicitan los pueblos de la Minga. Por otra parte, el gobierno debería aprovechar para tratar otros temas en los que las comunidades indígenas parecen no estar realizando un trabajo suficiente, como es el caso de la protección de los niños y las mujeres frente a la violencia sexual o la violencia de género. Otro tema largo e importante que tampoco se podría desarrollar aquí de manera suficiente. En efecto, la Jurisdicción Especial Indígena, amparada por el Artículo 246 de la Carta Magna de 1991, establece claramente que el ejercicio de las funciones jurisdiccionales por parte de los pueblos indígenas en sus territorios no puede ser llevado a cabo en contradicción con la Constitución y leyes de la República. Si bien es cierto que los sectores campesinos del Cauca apoyan y hacen parte activa de la actual movilización social, no hay que olvidar que en el pasado reciente esas mismas comunidades campesinas han denunciado importantes agresiones por parte de algunas comunidades indígenas (a manera de ejemplo, un video publicado en Facebook por campesinos de la vereda San Luís, municipio de Paez, da cuenta de diferencias con los indígenas y las disputas que han tenido). De hecho, en noviembre del año 2018, el país fue testigo de un triste acontecimiento en Caldono, Cauca, dónde algunos miembros de la comunidad indígena Nasa habrían quemado una escuela en territorio Misak (la noticia fue publicada, entre otros medios, por Caracol Radio). Este tipo de violencias claramente inconstitucionales, sumadas al laxismo con el que pareciera tratarse los casos de violación de los derechos humanos de mujeres y niños en algunas comunidades indígenas como la de Inzá, Cauca, demuestra que se requiere implementar de manera urgente un sistema de veeduría estatal y ciudadana para propender por el respeto absoluto de la Constitución y los Derechos Humanos en el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena. Mediante dicha veeduría, podría también considerarse las denuncias en lo que concierne la presunta propagación de cultivos ilícitos en algunos territorios indígenas, incluidos, precisa y paradójicamente, los páramos. Es claro que el tema indígena y la actual problemática en el Cauca no pueden ser tomados a la ligera, y que requieren atención inmediata y responsable por parte del gobierno. Ni satanización, ni angelismo: tanto los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, la protección de sus líderes sociales y de sus territorios (que benefician, también, a la gente de las ciudades), así como el correcto ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena, son temas que requieren ser urgentemente atendidos. Y se entiende que los pueblos en minga exijan la presencia del presidente de la República en un contexto histórico en el que aún las decisiones de la honorable Corte Constitucional son cuestionadas desde el Ejecutivo y, por lo tanto, sólo el compromiso explícito del Ejecutivo puede ser considerado como una plataforma de posibles avances. Regresando a la publicación en El Tiempo de Romoleroux, el artículo falla en precisiones indispensables para informar a la opinión pública, y sus imprecisiones terminan por desinformarla, lo cual está lejos de aportar elementos de análisis que nos permitan avanzar en la (re) construcción del tejido social en el departamento del Cauca, región clave en el marco del postconflicto. En la era de la post-verdad, y como lo decía al comienzo del escrito, ésto es algo que resulta realmente delicado.

* Profesor de la Universidad del Cauca. Maestro en estudios ibéricos y latinoamericanos de la Universidad de París Sorbona.


LA GUACHAFITA