• Daniel Cortés*

Limitar la explotación minera en el Huila en defensa del territorio


La Clínica Jurídica de la Universidad Surcolombiana interpuso un recurso de apelación contra un fallo que anula la competencia de los municipios del sur del Huila para limitar la explotación minera en su territorio.

Foto: Cortesía Asoquimbo

En 2017, los Municipios de San Agustín, Oporapa y Timaná expidieron unos Acuerdos Municipales originados en unas consultas populares que pretendían proteger los recursos naturales del Sur del Departamento de Huila. Razón por la cual, a mediados de 2017, fueron demandados por el Ministerio de Minas y Energía junto a la Agencia Nacional de Minería porque, según las entidades demandantes, la competencia para prohibir la explotación minero- petrolera está consagrada para el Estado, en cabeza de las entidades del orden nacional. Por lo cual, demandaron que se declare la ilegalidad de los Acuerdos con el fin de permitir la explotación minera en los Municipios indicados.

El proceso de nulidad se tramita en el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva DEMANDANTE: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y OTROS. DEMANDADO: MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN y OTROS con RADICADO: 2017-402. El pasado 05 de febrero, El Juzgado accedió a lo pedido por el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería, por lo que declaró la nulidad de los Acuerdos Municipales porque según el fallo, los entes territoriales no tienen competencia para limitar la explotación minera con fundamento principalmente en la sentencia SU- 095 de 2018 de la Corte Constitucional.

Frente a ello, la Clínica Jurídica de La Universidad Surcolombiana, en calidad de coadyuvante de Los Municipios demandados, interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia mencionado con el fin de que sea revocado y se proteja el medio ambiente en nuestro Departamento. En el escrito se recordó que, el municipio de San Agustín, Timaná y Oporapa forman parte del núcleo del Macizo Colombiano, el cual pertenece a la Reserva de la Biosfera Cinturón Andino, conformado por los Parques Nacionales Naturales Puracé, Nevado del Huila y Cueva de los Guácharos, declarada por la UNESCO en 1979 en el marco del programa sobre el Hombre y la Biosfera de la Red Mundial de Reservas.

Cabe resaltar que, La Clínica Jurídica de La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana fue creada en 2008 como resultado de un proyecto de investigación realizado por estudiantes de Derecho, cuyo objetivo principal es realizar litigio de alto impacto para proteger derechos fundamentales de las comunidades más vulnerables a nivel local, regional y nacional por medio de intervenciones ante La Corte Constitucional, acciones de tutela, acciones populares y demás acciones públicas.

Es importante comunicar a todos los Huilenses que, todavía pueden intervenir en este proceso judicial por medio de argumentos de hecho y jurídicos para ayudar a los Municipios demandados. Quienes deseen proteger el medio ambiente y nuestros recursos naturales pueden elaborar un escrito dirigido al Tribunal Administrativo del Huila donde expongan sus razones. Pueden asesorarse en los consultorios jurídicos de las Universidades que tienen programa de Derecho, en las personerías municipales y obviamente pueden apoyarse en la Clínica Jurídica de la Universidad Surcolombiana.

1. FUNDAMENTOS DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

Afirma que los Municipios de San Agustín, Timaná y Oporapa adoptaron un criterio absolutista cuando prohibieron la explotación minera, lo hicieron sin competencia, vulneraron las leyes de ordenamiento territorial porque la competencia para limitar el uso del suelo reside en el Congreso. En la sentencia se explica que los Municipios demandados debieron aplicar los principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad que armonizan las competencias de la Nación y los entes territoriales en virtud del artículo 334 de la Constitución Política; asuntos sometidos a reserva de ley que expide el Congreso. Concluye que los Concejos no tienen competencia, por el contrario, de manera exclusiva y excluyente la tienen los Congresistas.

Contrario al análisis descrito, La Clínica Jurídica de la Universidad Surcolombiana considera que se ha hecho una interpretación errónea de las normas constitucionales y de organización territorial. Asimismo, no se aplicaron los tratados internacionales ratificados por Colombia y la sentencia atacada desconoce el precedente jurisprudencial de La Corte Constitucional en materia de protección al medio ambiente y la competencia de los entes territoriales para regular el uso del suelo.

2. ARGUMENTOS PARA REVOCAR LA SENTENCIA

La intervención de la Clínica Jurídica se fundamenta en la posición de La Corte Constitucional contenido en la sentencia T-445 de 2016, una solicitud de nulidad realizada por la corporación Dejusticia contra la SU-095 de 2018, La opinión consultiva 023 de 2017 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos humanos y medio ambiente.

En las sentencias de la Corte Constitucional, se precisó que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera. La posición jurisprudencial se ha desarrollado de la siguiente manera: ¿Las entidades territoriales tienen competencia para participar en las decisiones sobre la autorización de minería en su territorio?

Por otro lado, según la organización no gubernamental Dejusticia, dirigida por Rodrigo Uprimmy, la sentencia SU-095 de 2018, que declaró improcedente la consulta popular convocada en Cumaral, Meta, dentro del expediente T6298958, adolece de un vicio de nulidad pues, de forma arbitraria y absoluta, se omitió el análisis de un asunto de relevancia constitucional que habría cambiado el sentido de la decisión.

Adicionalmente, los entes territoriales deben tomar decisiones encaminadas a proteger los recursos ambientales con fundamento constitucional en los artículos 313, 79, 287, 288 porque tienen la competencia para expedir los Acuerdos, pese a que esta no es exclusiva, tampoco es exclusiva del Gobierno Nacional ni del Congreso.

En suma, el interés económico y supuesto desarrollo que trae la explotación petrolera y minera en el Huila utilizado como fundamento en la sentencia apelada no tiene la capacidad de prevalecer sobre la protección del medio ambiente, los derechos fundamentales de las comunidades afectadas. La prioridad será siempre el medio ambiente y por ende, los recursos naturales en sí mismos que se pretenden extraer en forma irregular con afectaciones irreparables a nuestra naturaleza.

Para completar, el 13 de febrero de 2019, La Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 33 de La Ley 136 de 1994 que consagraba la obligación de realizar consultas populares cuando hay actividades de explotación de recursos. Se tomó esa decisión porque el asunto debe ser regulado por medio de una Ley Orgánica, es decir, es un vicio de forma que no afecta la obligatoriedad y la eficacia de las consultas populares encaminadas a proteger el medio ambiente por voluntad de los ciudadanos que habitan en el Municipio correspondiente.

3. APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

En un pronunciamento histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de la OPINIÓN CONSULTIVA OC-23/17 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, solicitada por la República de Colombia sobre el Medio Ambiente y Derechos Humanos, se analizaron las obligaciones estatales en relación a esta materia. Allí se reconoció ‘‘la relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos’’.

Por primera vez, la Corte Interamericana desarrolló el contenido del derecho al medio ambiente sano. La Opinión Consultiva, que surgió por la solicitud formulada por el Estado de Colombia, también determinó las obligaciones estatales para protección del medio ambiente. Entre otras cosas, destacó que los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Asimismo, la Corte Interamericana estableció las obligaciones derivadas de respetar y garantizar los derechos a la vida e integridad personal en el contexto de la protección al medio ambiente. Particularmente, determinó que los Estados deben:

“… - prevenir los daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio,(…)

- actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica; (…)

- garantizar el derecho a la participación pública de las personas, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, y

- garantizar el acceso a la justicia, en relación con las obligaciones estatales para la protección del medio ambiente.”

Obligaciones descritas que corresponden recaen sobre las entidades públicas del Estado Colombiano, como los entes territoriales que profirieron los Acuerdos Municipales, El Ministerio de Minas, el Juzgado que profiere la sentencia apelada y los ciudadanos que elegimos a nuestros gobernantes. Todos estamos desconociendo las obligaciones internacionales adquiridas que buscan proteger el medio ambiente, promover la participación ciudadana y garantizar la tutela judicial efectiva a favor del medio ambiente.

En conclusión, el recurso de apelación interpuesto por la Clínica Jurídica de la Universidad Surcolombiana espera que el Tribunal Administrativo de Huila revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar, se declare la legalidad de los Acuerdos que prohiben la explotación minero- petrolera en el sur del Huila, con el único fin de preservar las fuentes hídricas y proteger nuestro medio ambiente.

Ver más en:

-CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, OPINIÓN CONSULTIVA OC-23/17 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.

- Corte Constitucional: sentencia C-395 de 2012, sentencia C-123 de 2014, Sentencia T-445 de 2016, Auto 053 de 2017 y La Sentencia SU- 095 de 2018.

-Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Neiva. Sentencia del 05 de febrero de 2019. DEMANDANTE: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y OTROS. DEMANDADO: MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN y OTROS. RADICADO: 2017-402.

* Director de la Clínica Jurídica de la Universidad Surcolombiana


LA GUACHAFITA