• Santiago Falla Castro

Retumban los tambores de la guerra


Foto: RCN Radio

Luego de que el gobierno nacional decidiera romper cualquier posibilidad de diálogo y negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de esta manera, declararle abiertamente la guerra (entrando a desconocer de manera absurda e irresponsable los protocolos de negociación firmados en representación del Estado Colombiano y no por el Gobierno de turno), han vuelto a presentarse aún con más continuidad los asesinatos, amenazas y hostigamientos entre actores armados ilegales en la disputa por el control territorial.

Sectores como la Iglesia Católica, líderes sociales y organizaciones de víctimas del conflicto armado han seguido insistiendo en la necesidad de una salida negociada al conflicto, cada vez más heterogéneo, local e irregular. Aún queda una gran incertidumbre sobre lo que ocurra en departamentos como Arauca, en la zona del Catatumbo en el Norte de Santander, en el Norte del Cauca y en tantos otros lugares donde la presencia del estado colombiano sigue siendo inexistente.

Estos territorios se han convertido en zonas de guerra provocada por las economías ilegales como en lo que se llama “El triángulo de Oro” en la zona alta de Corinto en el Cauca y en Tumaco donde desde la muerte de “Guacho” impera el viejo concepto de la “paz mafiosa” aunque a algunos les cueste aceptarlo. Por este término hacemos referencia al pacto realizado entre varios actores ilegales que se disputan el territorio para que los índices de violencia dejen de ser tan altos, como lo sucedido en Antioquia con la “Don Bernabilidad”.

Existen varios antecedentes que dan cuenta de estas zonas de guerra. A manera de ejemplo, en los primeros 100 días (3 meses) del gobierno de Iván Duque se han registrado 120 asesinatos los cuales están concentrados principalmente en tres departamentos: Cauca con 48, Antioquia con 33 y el Valle del Cauca con 19. Desafortunadamente, no es exagerado decir que cada 2 días matan a alguien que ejerce algún tipo de activismo.

Contaré dos casos nuevos de homicidios y amenazas que ocurrieron recientemente. El primero fue un homicidio en el Norte del Cauca, el segundo es el reporte de amenazas a líderes sociales en el Municipio de San Agustín en el sur del Huila, pues ni siquiera nuestro departamento escapa a esta realidad.

El homicidio ocurre en el Corregimiento de El Palo (Centro Poblado), en el municipio de Caloto, el día 3 de febrero. Pasadas las 10 de la noche es interceptado el joven de 23 años, Eric Esnoral Viera Paz, quien hacia parte de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución de la Zona de Reserva Campesina del Cauca (ASTRAZONACAL), afiliado a (ANZORC) (FENSUAGRO-CUT) y del proceso de Unidad Popular del Suroccidente colombiano (PUPSOC). Dos detalles quiero destacar: Primero, Eric Viera deja huérfana a una niña pequeña. Segundo, cerca de la zona donde ocurrió el hecho hay dos puestos de control militar del Ejército Colombiano.

El segundo caso tiene que ver con unas amenazas a líderes desde el mes de noviembre del año pasado. Hace unos pocos días, el día 2 de febrero, la líder social Elcy Arleida Paz y su compañero sentimental William Urbano Ordoñez, recibieron una llamada amenazante al celular (del número 3125007459), en la que un hombre le dice expresamente “Hijueputa guerrillera ya le hemos advertido que se calle, si no lo hace la mandamos a callar, estamos hablando enserio, no estamos jugando”.

Elcy Arleida y William hacen parte de colectivos como CHIHIMANTA, el Comité de Rescatadores del Macizo Colombiano, y además están articulados con el Congreso de los Pueblos y la Asociación de Campesina del Huila. Las amenazas a esta lider social son también conocidas gracias a la activación de Alerta Temprana emitida por la organización social Red Proyecto Sur y en el mismo se podrán verificar las afirmaciones debidas.

Estos hechos lo que reflejan es un panorama desalentador y de impaciencia. Sin embargo,se hace el llamado de atención a las autoridades pertinentes para que intervengan en estos hechos y eviten que esta familia deba salir desplazada, tal como lo han tenido que hacer al menos 600 personas que dicen que han salido desplazadas de la zona norte del Cauca a raíz de los enfrentamientos que ya llevan varios días entre las Disidencias de las Farc y el Ejército Popular de Liberación (EPL), según las denuncias en su momento hechas por el senador indígena Feliciano Valencia.

“Colombia está pasando por la página de décadas de violencia armada, existe una responsabilidad colectiva e histórica de proteger a aquellos que dan su vida para la realización de los derechos humanos y construcción de paz”, así manifestó Michael Forst, relator encargado de la ONU después de su visita al país. Desde la ONU y demás organismos internacionales se han mostrado muy preocupados por la elevada cantidad de amenazas a periodistas, asesinatos selectivos a liderazgos sociales y el aumento de homicidios a ex integrantes de las FARC – EP.

Todo esto día a día sucede ante los ojos del mundo, mientras que el presidente Iván Duque y la vice-presidenta Martha Lucia Ramírez, con ayuda de los medios de comunicación, siguen insistiendo en la crisis política y social que vive desde hace varios años Venezuela. A ello se suma el evidente intento de intervención externa liderado por Estados Unidos y acompañado por Brasil, Colombia, algunos países europeos como España, que adelantan ayudas humanitarias a ese país y al mismo tiempo ordenan bloqueos económicos.

Se sienten los soplos de guerra mientras que en el Norte del Cauca, a raíz de toda la violencia desatada en la zona, aparece un panfleto que firma como “RENACER QUINTIN LAME”. En este, se hace un llamado a indígenas del pueblo Nasa y a otros, a acudir a las armas para protegerse luego de que hace un tiempo las “Águilas Negras” aseguraran explícitamente en sus panfletos que pagaban por los homicidios de autoridades locales y de guardias indígenas, como el panfleto conocido el 12 de febrero y firmado por el comando Dagoberto Ramos de la disidencia de las FARC-EP. Allí, se amenaza a 6 guardias indígenas y a una autoridad local del Resguardo de Corinto-Caucá. Por su parte, la comunidad tomó justicia, decomisó el material de guerra de este actor armado y condenó a 8 disidentes.

Desde tiempo atrás, el sur del país viene siendo objeto de amenazas a Defensores de Derechos Humanos, periodistas e indígenas. Uno de estos fue el panfleto que apareció el día 17 de enero donde firmaban – nuevamente – las “Aguilas Negras”. También han venido sucediendo enfrentamientos de estructuras armadas como “La Constru” en Putumayo y las disidencias de las Farc que se disputan las economías ilegales de la hoja de coca y las rutas del narcotráfico.

Como ya se ha evidenciado, no hay mucho por esperar en términos de garantías. Desde que el nuevo gobierno renovó la cúpula militar, no se hicieron esperar los cuestionamientos, como por ejemplo, al comandante de las Fuerzas Militares, Nicasio de Jesús Martínez. Según una invMientras se desempeñó como comandante de la Quinta División en el Cesar y la Guajira, se le vincula de ser responsable de por lo menos 100 casos de ejecuciones extrajudiciales entre los años 2004 y 2006.

Pese a esto, una gran excepción que vale la pena resaltar es el gran compromiso que ha tenido la Defensoría del Pueblo en cabeza de Carlos Negret, que desde hace varios meses ha venido advirtiendo y denunciando desde los distintos espacios el panorama, y que además mediante la estrategia del Sistema de Alertas Tempranas ha logrado canalizar y visibilizar hechos que seguimos ignorando en nuestro día a día.

Luego de resaltar la gran labor que ha venido haciendo la Defensoría del Pueblo, sumamos el caso del nombramiento que quería hacer la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, del General (R) Leonardo Barrero como director del Plan de protección para líderes sociales y periodistas (PAO), que ha sido acusado por la supuesta obstrucción a investigaciones penales por ejecuciones extrajudiciales y estigmatizar campesinos y que debido a la presión mediática que se le hizo con organismos y defensores de derechos humanos, la ministra decidió dejar a un lado el nombramiento del cuestionado y así, se abre de nuevo el debate sobre quién será el director del PAO.

De hecho, existe un comunicado firmado por la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Cumbre Agraria, la Coordinación Social y Política, Marcha Patriótica, Movice, la ONIC, entre otros que alega los impedimentos que tiene el General (R) Leonardo Barrero. Allí expresan que Barrero “es una persona impedida ética y moralmente para ejercer el cargo encomendado, porque tiene que contribuir a proteger al liderazgo social y personas defensoras de derechos humanos, a quienes ha combatido y estigmatizado. Ya existen antecedentes al respecto que lo vician para actuar transparentemente, pues el movimiento popular Marcha Patriótica lo acusó públicamente en 2013 por señalar a los campesinos de pertenecer a la guerrilla e impedir la captura de presuntos milicianos”.

En cuanto a los patrones que guardan los asesinatos de líderes, encontramos aportes muy buenos como los que hace el Programa Somos Defensores, coordinado por Diana Sánchez, en el que aboga porque se asuma la sistemicidad de estos asesinatos ya que la mayoría de las víctimas pertenecen a organizaciones sociales de base o a las Juntas de Acción Comunal (JAC). Somos Defensores registró que en el último trimestre del 2018 se dieron 32 asesinatos a líderes sociales, afectando principalmente al sur del país: Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá. En el Huila esta problemática ha afectado a tres líderes (desde noviembre del 2016 hasta el 30 de Julio de 2018): Marcelina Canacue en Palermo, Luis Gerardo Ochoa en Pitalito y Gabriel Muñoz Muñoz en La Argentina.

¿Qué ocurre en nuestro departamento?, ¿Por qué ignoran los casos registrados en el sur del Huila, teniendo como epicentro Pitalito que se viene denunciando desde hace varios años cómo la mafia tiene infiltrada la institucionalidad? ¿Qué hay de San Agustín, San José de Isnos y La Argentina?

El llamado se hace a la sociedad civil, primero, a seguir denunciando y rechazando cada uno de estos hechos, a seguir insistiendo en una salida negociada, se hace importante construir y reconstruir espacios de denuncia para ejercer de alguna manera control, a los líderes y comunidades más vulneradas seguir haciendo las denuncias pertinentes para poder seguir visibilizando los casos registrados y así seguir buscando justicia y reconocimiento en cada uno de los hechos.

Y además, se invita al Alto Gobierno a apostarle a una solución pacífica del conflicto, que por lo demás, existe en palabras del jefe del Organismo Humanitario (CICR), Christoph Harnisch, en la entrevista con El Espectador el día 10 de febrero: “En Colombia sí hay un conflicto armado no internacional”. Por tanto, “se hace un llamado de atención, puesto que el Estado Colombiano firmó los Convenios de Ginebra, y su deber es proteger la población civil.

Referencias


LA GUACHAFITA