• Luis Humberto Perdomo*

¿Aquí estoy y aquí me quedo?


Foto: Cortesía de Noticias Caracol

Estamos hastiados de las malas representaciones políticas, las inescrupulosas personas que pululan en las instituciones públicas. También asombra la naturalización de los malos comportamientos en la política porque hemos caído en la inmediatez de rechazar un mal acto mientras permanezca dos o tres días en la prensa y ya después se nos olvida. Hoy vivimos con una atención volátil, las referencias o recuerdos del pasado se diluyen velozmente y a veces es difícil recordar en la compulsión mediática en la que vivimos atrapados o la cantidad de escándalos que emergen cada día.

En las últimos meses el Fiscal General de la Nación ha generado controversia por el testamento que dejó el Ingeniero Jorge Enrique Pizano, ex auditor de la ruta del sol, quien identificó en el año 2015 algunos casos de corrupción para la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol y que de acuerdo con un audio que dejó y fue revelado por el Canal Uno, el actual Fiscal Néstor Humberto Martínez, en ese momento abogado del grupo Aval, tenía conocimiento por boca del mismo Pizano sobre estos actos de corrupción.

¿Estaba el hoy Fiscal General de la Nación en la obligación de dar a conocer esta información a las autoridades? Él ha respondido que no, porque constituye un secreto profesional, olvidando que este se entiende en una relación de profesional-cliente, no entre amigos y siendo así ¿Cuántos secretos profesionales puede tener una persona como el Fiscal General de la Nación? Néstor Humberto Martínez ha sido un gran amigo del poder político y económico de este país, fue ministro del también controvertido Ernesto Samper (acusado de recibir dineros del narcotráfico para su elección) y también ministro del Interior en la administración Pastrana, en el que se retiró en el desarrollo de una moción de censura en su contra por el trámite de la Reforma Política en el congreso en ese momento. También ha sido asesor de fusiones y compras bancarias como las del Banco Colpatria con Corpavi, la del Banco de Bogotá y Megabanco, y BanSuperior y Davivienda, así como, asesor legal de cabecera de Luis Carlos Sarmiento Angulo, reconocido como mano derecha del mismo.

En los últimos días al Consejo de Estado llegó una demanda de Dejusticia solicitando la nulidad de la elección del fiscal por falsa motivación del acto de su nombramiento, generada por el ocultamiento de información por parte del mismo Néstor Humberto Martínez (https://www.dejusticia.org/pedimos-al-consejo-de-estado-que-anule-la-eleccion-del-fiscal-general-de-la-nacion-nestor-h-martinez/) que fue negada por caducar el tiempo que establece la ley para presentar dicha demanda de nulidad pero que tiene la posibilidad de presentar recurso de súplica para que sea recibida (https://www.elespectador.com/noticias/judicial/consejo-de-estado-inadmite-demanda-contra-eleccion-de-nestor-humberto-martinez-como-fiscal-articulo-834210). De igual forma, se han dado manifestaciones ciudadanas con el motivo de solicitar la renuncia del Néstor Humberto Martínez, aunque no ha habido respuesta estas acciones se convierten en un bálsamo para fortalecer la ciudadanía y la democracia pues ¿Cuánto afecta la credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones públicas este tipo de escándalos?

Estos escándalos llenan titulares con reconocidos nombres que ocupan cargos de poder y ha involucrado presidentes, ministros, gobernadores, alcaldes, concejales entre otros, son situaciones que le han minimizado credibilidad a la política. Tal como lo evidenció el Latinobarometro 2018 entre la ciudadanía se percibe como principal problema la corrupción, ocupando el primer lugar en Latinoamérica con un 20% (http://www.latinobarometro.org/lat.jsp). Incluso no solo tiene un eco nacional, también son prácticas que se relacionan a los ámbitos locales.

La corporación del Concejo Municipal de Neiva es un escenario en el cual esperamos la presencia de personas que representen los intereses de la ciudadanía y que demuestren un grado de liderazgo y capacidad política que los haga mesurados con su poder y oportunos en sus gestiones desde sus roles en favor de la ciudadanía. Citemos un ejemplo. El caso del concejal Carlos Edilson Posada se ha convertido en una manera cómica y descarada de desmantelar relaciones de poder y prácticas del ejercicio político, algunos nos sonrojamos y sentimos vergüenza ajena por sus inoportunas polémicas y reprochables de un representante político como lo es este concejal.

Hace varios meses, durante una sesión en el Concejo, Posada dijo “aquí hay actos donde nos hemos prestado, porque yo también me he prestado para ilegalidades. Aunque me he equivocado, pero he tratado de actuar con honradez y con limpieza; claro que también me han untado el bolsillo” (https://noticias.caracoltv.com/colombia/me-he-prestado-para-ilegalidades-confiesa-concejal-de-neiva-en-pleno-debate-contra-la-corrupcion).

Esta intervención fue noticia nacional, ¿Qué hicimos los ciudadanos? ¿Solicitar su renuncia? No, por la naturalización de estos comportamientos muy posiblemente lo pasamos por desapercibido. Aunque fue un episodio que fue aclarado por las condiciones en las que se dieron, de manera burlesca el concejal planteó hace unos meses obtener la presidencia de esta corporación a través de dadivas a sus compañeros, es decir, entre serio y burlesco desde la comodidad que le da la curul que le otorgaron sus electores advierte que puede untar el bolsillo de sus compañeros para que tomen decisiones a su favor. También es el concejal polémico por ser puesto en evidencia cuando intentaba cobrar las entrevistas que da a medios de comunicación local y que estando borracho genera escándalos de vez en cuando en la calle. ¿Ese es el concejal que necesita esta corporación y sobre todo que deben elegir los ciudadanos? También es necesario preguntar por los responsables de esto ¿Quiénes y porque le dieron el voto para estar allí?

¿Cuál es el poder de decisión y control que tiene la ciudadanía de personas en cargos e instituciones públicas? Es importante que la ciudadanía comprenda la responsabilidad, el derecho y el deber que tiene de hacer una buena elección de sus gobernantes, solicitar mayor rigor en la elección de altos cargos públicos y sobre todo que se atreva a plantear ejercicios de control que los evalué de manera constante y contundente. Estas acciones sociales impulsan a que la ciudadanía recupere la confianza y credibilidad, también entendidas como elementos de cohesión social.

No podemos continuar como sociedad (principalmente la clase dirigente) pensando que los cargos son escriturados a determinados apellidos y por lo tanto se puede validar el “aquí estoy y aquí me quedo”. Debemos comprender que los cargos de poder en Colombia son fruto de un compromiso adquirido con la ciudadanía y que por lo tanto debe arrojar unos resultados que responda a las necesidades de la misma.

*Estudiante de Ciencia Política, Universidad Surcolombiana


LA GUACHAFITA