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Llamados a la justicia: la mala hora de políticos y empresarios en el Huila


Palacio de Justicia de Neiva, Rodrigo Lara Bonilla.

Parte del poder político y poder económico en el Huila está en la mira de la justicia. El departamento se ha convertido en epicentro de escándalos y acusaciones que van desde la Alcaldía de Pitalito hasta el Concejo de Neiva, pasando por las irregularidades en la remodelación del estadio Guillermo Plazas Alcid hasta la culpabilidad de empresarios en el Programa de Alimentación Escolar.

Aquí se encuentran algunos de los casos más sonados, desde el año 2015, en los que se adelantan procesos judiciales a importantes figuras del poder político y poder económico huilense, quien, valga aclararlo, se les sigue presumiendo su inocencia, dado que la justicia, salvo en un caso, no ha mostrado algo distinto:

1. El ex director de Comfamiliar, Germán Ariza, se encuentra en tres procesos – eran cuatro, pero ya fue absuelto en uno– por presuntas irregularidades en el desfalco a la salud en el Huila. Junto a Ariza, están involucrados ex gerentes de la Clínica Medilaser y ex alcaldes de La Plata y Garzón.

2. El empresario Germán Trujillo, esposo de la ex gobernadora Cielo González Villa, destituida por la Procuraduría en 2013, y cuñado del actual gobernador, Carlos Julio González Villa, aceptó cargos por cuatro delitos en un escándalo de corrupción de refrigerios escolares en el departamento de Santander, y devolvió 2.282 millones de pesos por apropiación indebida de recursos públicos.

3. Parte de la tribuna occidental del Estadio Guillermo Plazas Alcid que estaba siendo remodelada se derrumba, ocasionando la muerte de cuatro obreros que estaban en la obra. Posteriormente, la alcaldía de Neiva concluye en un informe técnico que los obreros murieron por negligencia del contratista y que se pagó por obras que no estaban hechas. La Contraloría ratifica que los recursos invertidos en este contrato – de más de 27.000 millones de pesos – materializan un enorme daño al patrimonio público.

4. Tres concejales, un diputado, la personera municipal de Neiva, el ex contralor de Neiva y un empresario fueron enviados a la cárcel por un juez de garantías porque al parecer, habían incurrido en irregularidades para la elección del actual Contralor y de la Personera del municipio de Neiva en 2016. Otros cinco concejales, desde la libertad, siguen vinculados al proceso.

5. El alcalde de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, se encuentra vinculado a un proceso judicial en el que se le acusa como posible determinador del homicidio del abogado y líder social Luis Gerardo Ochoa ocurrido en abril de 2017. Ochoa compitió con Rico la alcaldía por este municipio.

6. Un concejal de Neiva revela un audio en el que otro concejal, presuntamente, tiene un plan para torturar y asesinar a un periodista.

Esta serie de casos denotan la mala hora de los políticos y empresarios huilenses. Mala hora porque el Huila no tenía hasta hace poco rostros visibles de ningún poderoso en delitos graves. La situación empezó a cambiar en 2013 con la destitución de la gobernadora, y posteriormente los titulares de prensa registraron cómo la justicia investigaba a algunos miembros de la alta sociedad huilense. La Fiscalía anunciaba con tanta firmeza las pruebas que demostraban la responsabilidad de empresarios y políticos en delitos, al punto de interrumpir una sesión del Concejo de Neiva y capturar a nueve concejales, de diecinueve.

Este nuevo panorama puede tener diversas lecturas. La primera vislumbra que, la justicia finalmente está haciendo su trabajo y por ende, “los peces gordos empiezan a caer”. La segunda, más bien apunta a una práctica de la Fiscalía General de la Nación de anunciar grandes investigaciones y vincular a figuras importantes como responsables de ciertos delitos, por medio de comunicados o ruedas de prensa que hablan más que las pruebas en sí mismas. La tercera, en sincronía con el discurso de algunos sectores de la política nacional, establece que todo se trata de una persecución política, sin precisar los autores de esta persecución y los motivos para hacerlo.

Independiente de la lecturas que se tengan, es claro que al menos una parte de la clase política y los “cacaos” tiene que responder ante la justicia. Y no solo eso: estos escándalos conllevan a una reconfiguración del ajedrez político de cara a las elecciones del 2019. Sin duda, los partidos podrían optar por presentar candidatos ajenos a estas acusaciones para la Alcaldía, Gobernación y la Asamblea, o asumir el riesgo de postular a quienes de alguna manera han estado involucrados en estos escándalos.

*Politólogo, Director de La Gaitana Portal.


LA GUACHAFITA