• Tomas Rojas*

Reforma tributaria y consulta anticorrupción: dos caras del mismo pueblo


Foto: El Heraldo.

Iguales, somos profundamente iguales. Tan así es la cosa, que aun cuando nos situamos en bandos “diametralmente opuestos” nuestro actuar sigue siendo casi igual. Nos hinchamos de orgullo ante lo que consideramos aciertos propios y reaccionamos con rabia ante los del opositor. Nuestras acciones son redentoras y necesarias; las de la oposición estúpidas y egoístas. No nos interesa leer y debatir lo del otro porque por principio y en principio están equivocados. Y nada lo ha demostrado mejor que los debates de las últimas semanas.

La llamada “consulta anti-corrupción” y la anunciada reforma tributaria han inundado las redes y enfrentado dos bandos. En ambos casos, la soberbia de los autores y el resentimiento de la oposición han quedado en evidencia. Lejos de un debate serio y estructurado, que indudablemente daría mayor legitimidad y fuerza a ambas propuestas, nuestros “opinadores” y políticos se han dedicado a “dialogar” con ellos mismos.

Las críticas ante la “consulta anti-corrupción” han señalado varios problemas de constitucionalidad, implementación y efectividad de las medidas propuestas. Criticas, que de resultar ser válidas, anularían los efectos tangibles esperados. Pero en vez de reconocer esas críticas y preparar acciones para afrontarlas, los defensores de la consulta las han ignorado o desacreditado. Prefieren resaltar el “valor cívico” que tendría la consulta por su empoderamiento teórico de la población civil; ignorando que sin efectos reales, la opinión publica meterá la consulta en ese saco roto de “acciones politiqueras” que no sirven de nada.

Pero no son solo los defensores de la propuesta los únicos culpables. Al mezclar criticas valiosas con otras superficiales, los opositores a la consulta les dan la excusa a los defensores para desdeñar sus puntos. Habiendo apoyado y aprobado la consulta, las nuevas críticas al costo y el protagonismo de Claudia López generan un debate en que priman enfrentamientos netamente políticos y se olvidan los argumentos que ponen en riesgo la efectividad y el impacto que podría tener la consulta.

Una situación similar surge alrededor de la anunciada reforma tributaria. Desde antes de las elecciones, se veía la necesidad de una reforma tributaria. La lógica de la reforma anunciada es acorde al corte ideológico de la coalición gobernante y la Presidencia. Las empresas, medianas y pequeñas, están estranguladas bajo la alta carga impositiva. Este peso no las permite crecer y sin crecimiento no hay más trabajos que puedan reducir las tazas de “informalidad” y desempleo. Por eso, reducirle los impuestos a las empresas es necesario. Pero el déficit generado también se debe cubrir, para mantener los programas sociales que tiene el gobierno. Entonces, el gobierno les debe cobrar más impuestos a las personas. La formalidad en el trabajo y la mejor prestación de servicios estatales debería recompensar esos impuestos más altos.

El problema está en que esa nueva tributación necesita ciertos elementos para cumplir con esa lógica. Los empresarios, principalmente pequeños y medianos, deben utilizar parte de sus ganancias para crear nuevos trabajos formales y fortalecer las industrias colombianas. Los colombianos deben entender y utilizar el sistema de ayudas sociales y el sistema tributario, sin abusar de él. El gobierno debe ser más transparente y eficiente. Una oposición responsable y constructiva buscaría desarrollar propuestas que controlen la reforma y le den un alcance social. Y una coalición oficial reconocería el valor de ese control. Pero en nuestro caso, discursos ideológicos que acusan a unos y otros de opresores capitalistas o amenazas socialistas son lo que domina el “dialogo” nacional.

En ambos casos, el gran perdedor es el colombiano “de a pie”. Los proponentes arrogantes se enfrentan a opositores irresponsables y el resultado son políticas sociales inefectivas y políticas económicas injustas. Pero existe la posibilidad de salvar la situación, aun con nuestros líderes. Esta en ayudar a promover una ciudadanía activa e involucrada. Podemos compartir el meme en Facebook, pero también compartamos con el trabajador como exigir su seguridad social. Podemos quejarnos del gobierno o de la oposición, pero también quejémonos cuando nuestro amigo empresario utiliza productos ingresados al país por contrabando. Podemos exigir mejor educación, salud y pensiones, pero con el formulario de la Dian en la mano. Podemos pedir políticos más transparentes y supervisados y ser más responsables en nuestras críticas y opiniones. Así, las medidas se implementan de manera más justa y correcta, sin depender de la clase política.

* Politólogo de la Universidad del Rosario. Estudiante de maestría en Asuntos Públicos Europeos en Sciences Po Bordeaux.


LA GUACHAFITA