• Katherin Torres*

Nuevo Congreso: ¿hacia la restricción de las demandas de inconstitucionalidad?


Foto: Cortesía El Tiempo

El pasado 15 de agosto de 2018, el senador Rodrigo Lara Restrepo radicó en calidad de autor el proyecto de Ley que busca modificar el artículo 242 de la Constitución Política, que establece algunas pautas para ejercer la Acción Pública de Inconstitucionalidad.

¿En qué consiste esta propuesta? Básicamente, impone un término para ejercer esta acción por un término de dos (02) años. Es decir, que si el Congreso expide una Ley los ciudadanos sólo podrían interponer la demanda de inconstitucionalidad en el tiempo señalado.

La iniciativa indica que si ha pasado este tiempo y se quiere ejercer esta acción, sólo se podría interporner por: (i) un número no inferior al 30% de los miembros del Congreso de la República, esto es, por aproximadamente 80 congresistas que respalden y firmen la acción; o (ii) por un grupo significativo de ciudadanos, no inferior al 5% del censo electoral de las últimas elecciones nacionales, algo así como 1´821.051 personas[1].

Sin lugar a dudas esta propuesta establece unas serias limitantes para el ejercicio de la acción pública de constitucionalidad, que fue consagrada en la reforma constitucional de 1910[2], lo que constituyó para la época toda una “novedad” en la historia del derecho constitucional.

La Acción Pública de Inconstitucionalidad, se ha convertido en un mecanismo de participación ciudadana[3], en donde se realiza un control a las normas que expide el Congreso de la República, que debe ser coherente con el articulado de la Constitución Política, lo que ha permitido que se retiren del ordenamiento jurídico normas que han transgredido la normativa constitucional. Gracias a esta acción, la Corte Constitucional ha podido pronunciarse en temas que permitieron la interrupción voluntaria del embarazo y el reconocimiento de los derechos a las parejas del mismo sexo, por solo mencionar dos ejemplos representantivos, que nos recuerdan la importancia de esta acción.

Aprobar esta propuesta que impone términos para que los ciudadanos puedan interponer estas demandas y establece ese tipo de requisitos – que a mi criterio constituyen barreras para ejercer esta acción –, constituiría un grave retroceso a nuestro derecho constitucional.

[1]De conformidad a la última actualización realizada por la Registraduría Nacional en julio de 2018 el censo electoral es de 36,421.026 personas.

[2]El artículo 41 del Acto Legislativo No. 03 de 1910 estableció: “A la Corte Suprema de Justicia se le confía la guarda de la integridad de la Constitución. En consecuencia, además de las facultades que le confieren ésta y las leyes, tendrá la siguiente: Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los Actos Legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno, o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales, previa audiencia del Procurador General de la Nación”. Desde esa época, se ha ejercido esa acción sin ningún tipo de restricción.

[3]Ver entre otras, la sentencias C-761 de 2009, C-041 de 2002, C-1095 de 2001, C-1143 de 2001, A. 178 de 2003, A. 114 de 2004, C-405 de 2009 y C-262 de 2011

* Centro de Investigaciones Uninavarra – CINA –

Grupo de Investigación DIÁLOGOS

Fundación Universitaria Navarra


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