• Santiago Falla Castro

Retos del nuevo gobierno: dinámicas de los territorios en el post-acuerdo


Foto: Raul Arboleda / AFP.

Con un nuevo Congreso de la República ya instalado, y los nombramientos en los ministerios y embajadas, se destaca el nuevo ministro de Defensa, el ex presidente de Fenalco, Guillermo Botero, quien tras ser nombrado su primera propuesta como Ministro sería la de promover una ley estatutaria que “regule” la protesta social.

Resulta curioso porque en un país donde día de por medio y desde mucho antes de la implementación del acuerdo de paz se vienen asesinando de manera sistemática líderes sociales, y defensores de los DD. HH (como lo comenté en mi primera columna hace más de 6 meses), el nuevo ministro de Defensa parece tener otras prioridades. Esta protesta resulta tiránica y causa incertidumbre.

Pareciera que en vez de interesarle realmente qué está sucediendo con los asesinatos selectivos a líderes y defensores (Según la Defensoría del Pueblo, van 329 asesinados y la cifra va en aumento) quiere criminalizarlos y que sean un blanco más fácil. Tal y como sucedió en la dictadura argentina antes de 1983 cuando se da el retorno de la democracia con Raúl Alfonsín y la Unión Cívica Radical.

Dentro de los retos que debe tener este nuevo Gobierno - que cuenta con amplias mayorías en el Congreso y al mismo tiempo con un nuevo estatuto que dota de mejores herramientas al ejercicio de la oposición política - está cumplir con la función de visibilizar los territorios que el Estado siempre ha mantenido en el abandono. De hecho, pensar en el abandono estatal me abre la puerta para hacer un par de preguntas que le corresponden más al gobierno saliente, pero que deberían ser consideradas por el gobierno entrante.

¿Por qué al Departamento del Huila no fue incluido como territorio directo afectado por la violencia tras el fin del conflicto con las FARC?, ¿No fue su capital Neiva y todos los municipios/corregimientos aledaños afectados directamente por los atentados y las inconsecuencias de la desaparecida insurgencia?

La situación en las zonas rurales del Departamento es preocupante, ya que padecieron durante muchísimos años el flagelo de la guerra y también se han sostenido a base de economías ilícitas por la misma ausencia del Estado. Hoy en día temen porque las disidencias de las Farc han vuelto a instalarse a través de amenazas en municipios que no fueron tenidos en cuenta para las Zonas más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) como Colombia, Tello y Baraya. En varios municipios del Huila se han reportado casos de amenazas y asesinatos como La Argentina y Algeciras, donde históricamente ha tenido fuerza e incidencia la desaparecida guerrilla.

¿Qué está pasando en las zonas rurales de Algeciras?, ¿Dónde están quienes estaban comprometidos con los proyectos productivos?, ¿Qué están haciendo las disidencias de las Farc en zona rural? ¿Quiénes son los muertos que aparecen? ¿Serán aquellos que intentan justificar cuando se refieren a los “buenos muertos”?.

Dentro de las funciones del nuevo Ministro de Defensa, está promover mecanismos de protección necesarios para proteger la vida y la integridad de todos los líderes sociales. Las garantías para la movilización pacífica y justa no pueden ser manipuladas cuando día a día se asesinan inocentes en los lugares más alejados de la capital colombiana. Recordemos que dentro del Acuerdo firmado en la Habana va incluido también el compromiso sobre mecanismos de protección para líderes sociales amenazados y dirigentes políticos declarados en oposición.

Es responsabilidad del Nuevo Gobierno visibilizar la realidad que padecen éstos territorios, serán válidos cada uno de los cuestionamientos que se hagan al respecto. El gobierno saliente cometió muchísimos errores en la Implementación de los Acuerdos, la falta de agua potable y el saneamiento básico en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización fue responsabilidad del gobierno, así también entran los sobrecostos en la alimentación y las demoras en la construcción de infraestructura de las Zonas (Centralización de contratos).

Habría que hacer un repaso de la historia para poder entender el contexto de las irresponsables declaraciones del próximo nuevo ministro de la defensa, teniendo presente todo lo que ocurrió con el Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala, y también otro viejo intento que se da cuando el gobierno en el 2002 quiso controlar los recursos de cooperación que llegaban a las organizaciones sociales por medio del Plan Colombia para canalizar los recursos por la Agencia Estatal, después de ello viene de manera informal en los gobiernos de Álvaro Uribe el control a la protesta social.

Teniendo en cuenta lo anterior, habría que preguntarse también, ¿Cuáles son las garantías que puede tener tanto la oposición política como el movimiento social cuando el encargado de la seguridad y la defensa del país viene de representar a los grandes empresarios? La pregunta no es baladí, dado que el sector empresarial ha tenido participación directa o indirecta en el conflicto armado y existen comunidades a las cuales esta participación les genera desconfianza.

Por otro lado, la Comunidad Internacional - la misma que apoyó el Acuerdo de Paz con las FARC y que ha cumplido labores de verificación y monitoreo del Acuerdo - ha estado presionando al gobierno nacional tras la evidente vulneración a los derechos humanos. Por su parte, la ONU alerta por desplazamientos de comunidades en varios sectores del país como Nariño y Cauca mientras que la CPI le da el apoyo y visto bueno a la JEP para seguir en búsqueda de la verdad.

Quisiera recordar también que en el último trimestre del año pasado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró 4 masacres en el contexto de disputas por el control del territorio en antiguas zonas de influencia de las FARC-EP (Nariño y Cauca). También dentro del informe señala una nueva tendencia dentro de los asesinatos a líderes sociales, varias de las víctimas fueron asesinadas por apoyar políticas derivadas del Acuerdo, como la sustitución de los cultivos ilícitos y la reforma agraria integral. Es interesante señalar que en años anteriores, los líderes y defensores de DD.HH eran asesinados por oponerse a las políticas del gobierno, no por apoyarlas.

En una entrevista realizada por el periódico El Espectador, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Miguel Samper Strauss, confirmó el compromiso que tiene el nuevo gobierno, hubo un recorte del 65% del presupuesto para los proyectos entre este año y el siguiente. Por éstos días también se da la noticia de que el General (R) Mario Uribe Montoya quiere presentarse ante la JEP para contar todo lo que sabe frente sobre lo que se le viene acusando hace varios años. Al mismo tiempo, tuvo lugar la primera visita del ex Secretariado de las Farc a rendir cuentas ante la JEP, por el delito de secuestro entre los años 1993-20012 y esperamos con seguridad que poco a poco vayan avanzando en la construcción de la verdad.

Quisiera reiterar que la visibilización de los territorios es necesaria. Por lo tanto, cuesta muchísimo que se hayan caído en el Congreso de la República las 16 Circunscripciones Especiales de Paz que se iban a entregar a las (ZOMAC). De hecho, 15 de ellas votaron sí en el Plebiscito, y en muchos municipios que fueron asignados para las mismas como Sipí, Ítsima, Bojayá, Condotó, El Litorál de San Juan y el Medio Atrato en el Departamento del Chocó votaron por amplias mayorías por el proyecto de la Colombia Humana, uno de los movimientos que enarboló la continuidad del Acuerdo de Paz.

Ante esta situación, conviene preguntarse si hay correlación entre los casos de los líderes asesinados y las 16 zonas donde iban a quedar dichas representaciones. Porque sí existe una relación, la estrategia es evidente cuando pensamos en que lo que se pretende es la invisibilidad a la posibilidad de fortalecer los liderazgos que surjan en los territorios para seguir manteniendo al margen de todo lo que a los que promueven la “Paz Corporativa”.


LA GUACHAFITA