• Carlos Tobar

Santos: un balance agridulce


Foto: The Telegraph

Están terminando 8 años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos. El balance es agridulce, porque si bien asumió la tarea, largamente aplazada, de terminar la confrontación interna que por más de 50 años ha desangrado a la nación, a la vez y, aprovechando precisamente la bandera de la paz, profundizó hasta lo indecible el modelo de libre comercio que favorece sin límites a las fuerzas del gran capital, mientras ahoga, aprieta, atenaza a las fuerzas del trabajo y de la producción nacional.

El primer reto, la paz, fue un proceso de negociación largo, complejo, sinuoso, porque no era solo negociar con una guerrilla de tradición histórico-política que, supuestamente, tenía un proyecto ideológico diferente al del estado vigente, sino que, el conflicto ha estado atravesado por el negocio del narcotráfico, el combustible perfecto para enrarecer y degradar la confrontación. Tanto que, muchas de sus manifestaciones fueron comportamientos abiertamente delincuenciales; una extraña mezcla de política y delincuencia común. En el proceso de negociación, el gobierno Santos, hubo de hacer concesiones en temas sensibles como la justicia y la participación en política de los alzados en armas que, le trajeron fuertes contradicciones con su antecesor y promotor, Álvaro Uribe, quien aprovechó las circunstancias para organizar un frente de oposición a la negociación y hasta construir un partido político que se diferenciara de la corrupta unidad nacional santista. La táctica le funcionó, de tal manera que terminó eligiendo al sucesor en la presidencia de la república.

El resto de su política interna y externa, fue una prolongación y profundización de la política de libre comercio, que, desde comienzos de la década de los noventa del siglo pasado, bajo la sombra del “Consenso de Washington”, las élites colombianas asumieron e impusieron a contrapelo de los intereses y necesidades de las mayorías nacionales. El costo para el país ha sido inmenso: perdimos la mayor parte de la industria y, la que quedó, tiene importante participación de capital extranjero; perdimos la agricultura que, ha sido suplantada por producción de los países desarrollados (trigo, maíz, arroz, fríjol, papa, cebolla y un largo etcétera hasta alcanzar los 14 millones de toneladas anuales).

Una política perversa que termina remplazando trabajo nacional por trabajo extranjero. Privatizamos sectores estratégicos de la producción y los servicios, incluyendo áreas sensibles como la salud y la educación. Y, lo peor, se redujo al mínimo la inversión en desarrollo social en comunidades condenadas al trabajo precario y la marginalidad. El andamiaje jurídico en donde renunciamos a la soberanía nacional, quedó consignado en los tratados de libre comercio que, en la práctica, suplantaron el orden legal del país. En este propósito, la unidad sin diferencia alguna de los sectores políticos santistas y uribistas, aprobó cuanta norma sirviera a los protervos intereses del gran capital. En síntesis, se ha montado una turbina infernal que saquea el producto del trabajo, las riquezas naturales y el ahorro nacional, impidiendo el desarrollo económico necesario para suplir las necesidades del pueblo.

Lo que sigue, con Duque, es más de lo mismo. La diferencia es que las élites, ya no tienen el parapeto de la falsa guerra, ni la plata de la bonanza petrolera. Los años por venir serán, a no dudarlo, de grandes convulsiones sociales.


LA GUACHAFITA