• Katherin Torres*

La in–competencia de los municipios para expedir acuerdos en defensa del territorio


¿Tienen los municipios competencia para expedir acuerdos en defensa del territorio? La pregunta no es menor, teniendo en cuenta que en el Huila se están solicitando licencias ambientales para la construcción de centrales hidroeléctricas. Una revisión de la jurisprudencia nos brindan algunas respuestas.

Foto: Arlen Mosquera | Río Magdalena. Mirador vía La Plata.

En los últimos días fue noticia nacional la negativa de la CAM a la licencia ambiental para la construcción de una Central Hidroeléctrica (PCH) en el río Bachué en el municipio de Santa María - Huila; situación que nos recuerda las tensiones que existen entre la realización de proyectos mineros y energéticos vs. la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente.

En la columna anterior, se expuso la problemática del municipio de Timaná con la expedición del Acuerdo 003 de 2017 que prohíbe la construcción de centrales hidroeléctricas y/o represas, la explotación minera a gran escala (exceptuando las actividades locales de menor impacto) y la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales en dicha jurisdicción.

Pues bien, actualmente se tramita una demanda interpuesta por la Agencia Nacional de Minería (en adelante ANM) contra el municipio de Timaná[1] que busca declarar la nulidad del citado acuerdo, o en otras palabras excluir y dejar sin efecto jurídico lo resuelto en dicha norma. En esta ocasión, presentaremos dos argumentos centrales de la demanda ANM expuestos en la demanda de nulidad, que se pueden resumir así:

  • Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Unitario, los municipios no tienen competencia para organizar el manejo del subsuelo y los recursos naturales, en tanto que el concejo municipal no ejerce funciones legislativas. En consecuencia, el Acuerdo 003 de 2017 carece de validez.

  • El Estado es el encargado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales[2] y, además, es propietario del subsuelo y de los recursos no renovables[3].

Al realizar un estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se encuentran fuertes argumentos que sustentan la expedición de los llamados “Acuerdos en Defensa del Territorio” y que exponemos de manera concisa:

En primer lugar, si bien nos encontramos en el contexto de un estado unitario, también es cierto, que la Constitución consagró el principio de autonomía territorial (Art. 287 C.P.), cuyo núcleo esencial está constituido especialmente por: i) los poderes de acción de que gozan las entidades territoriales para satisfacer sus propios intereses, ii) la facultad de gobernarse por autoridades propias, y iii) la autodirección en sus particularidades a través de la dirección política que ostentan[4]. Aclarando que estos dos principios no son absolutos, es decir, admiten limitaciones; en consecuencia, su aplicación debe hacerse atendiendo las particularidades del caso en concreto.

En ese contexto, se ha reconocido que los municipios tienen la potestad de regular su ordenamiento territorial y determinar los usos del suelo, la vocación y el modelo de desarrollo del municipio[5]. Teniendo en cuenta que la actividad de extracción de los recursos naturales no renovables, modifica la vocación general del territorio[6] resulta pertinente que el municipio en ejercicio de su competencia, proteja las zonas de su territorio que puedan sufrir un impacto ambiental y arqueológico en el desarrollo de actividades del uso del suelo y la minería[7]. Insistiendo que esta actividad, se haría en virtud de las competencias otorgadas por la Constitución y la Ley a los municipios y no se usurparían las competencias del legislador (Congreso).

Un segundo argumento está relacionado con el hecho de que la jurisprudencia constitucional ya ha establecido la diferencia semántica entre las palabras Estado y Nación[8], por lo que al hacer una lectura del artículo 80 de la Constitución Política que indica textualmente que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”, se deduce que esta no es una actividad única y exclusiva de las autoridades del orden central (Gobierno nacional).

Finalmente, existe un antecedente importante por parte del Tribunal Administrativo del Huila. En sentencia del 27 de septiembre de 2017[9] dicha corporación, al estudiar la observación presentada por el Gobernador del Departamento del Huila al Acuerdo No. 016 proferido por el Concejo Municipal de San Agustín que estableció una serie de medidas “para la protección de los recursos naturales y la defensa del patrimonio ecológico”, acogió el criterio de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que sostiene que los entes territoriales, a través de sus mandatarios y corporaciones locales tienen autonomía administrativa en su territorio en materia de proyectos mineros y energéticos. Además, el Tribunal indicó que la comunidad cuenta con distintas herramientas de participación ciudadana por medio de las cuales pueden pronunciarse y tomar decisiones frente a proyectos que puedan afectar su entorno; entre las que se destaca la consulta popular.

Estaremos atentos a las decisiones que tome el juez de instancia en este caso en concreto, pues como se ilustró existen unos precedentes que resultan siendo vinculantes y que no pueden ser obviados tan fácilmente por el fallador.

* Integrante Grupo de Investigación DIÁLOGOS

[1] Actualmente se tramita el medio de control de nulidad simple ante el Juzgado 07 administrativo de oralidad bajo el radicado 2017-401, y que fue admitida el 11 de octubre de 2017.

[2] Lo anterior, con fundamento en el artículo 80 de la Constitución Política.

[3] Tal como lo establece el artículo 332 de la Constitución Política.

[4] Sentencias C-535 de 1996, C-149 de 2010 y C-123 de 2014.

[5] Ver al respecto la Ley 388 de 1997.

[6] Sentencia C-035 de 2016.

[7] Como sustento jurisprudencial se encuentran: i) Por la Corte Constitucional: Sentencias C- 298 de 2016, T – 455 de 2016 y SU – 133 de 2017; y ii) Por parte del Consejo de Estado, está la sentencia de tutela 2016-03415 de diciembre de 2016. También se encuentra la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila identificada con radicación 2017 – 00165.

[8] “La Carta utiliza la palabra Nación cuando se refiere a las competencias propias de las autoridades centrales, mientras que la palabra Estado denota en general el conjunto de todas las autoridades públicas” (Subrayado fuera del original). Sentencia C-221 de 1997

[9] Expediente 2017 – 0038. Solicitante Departamento del Huila. En dicho pronunciamiento el Tribunal declaró infundada la observación presentada por el Gobernador del Huila al citado acuerdo.


LA GUACHAFITA