• Santiago Falla Castro*

Señor ministro, no son líos de faldas


Foto: Mauricio Alvarado / El Espectador

Es bien sabido que en nuestro país el hecho de defender causas sociales tan importantes como la implementación del Acuerdo de Paz, o el hecho de tener una voz crítica frente a sucesos tan importantes como escándalos de corrupción y demás, ha significado un peligro inminente para quienes denuncian y ejercen éste tipo de tareas. Basta revisar la historia para darnos cuenta de la persecución y desaparición de muchísimos personajes de nuestra historia nacional, por nombrar a algunos casos como Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989 cuando fue asesinado por las balas del narcotráfico en conjunto con agentes del Estado; sus denuncias siempre fueron contundentes y veraces.

Otro hecho también importante que nos ayuda a rememorar es el genocidio de la Unión Patriótica (UP) que se funda en 1984 tras unos acuerdos firmados con el presidente Belisario Betancourt, la cantidad de muertos y desaparecidos fueron muchísimas y aunque la cifra no es del todo clara, van desde 1000 hasta 5000 miembros de la UP.

Desde la firma del Acuerdo de Paz e incluso antes, han venido asesinando e intimidando a líderes sociales y defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional. Se dice incluso que en lo que va del año han asesinado alrededor de 63 de estos, aunque otras fuentes indican que la cantidad puede ser más elevada (CINEP, Fundación Reconciliación y Paz, Somos Defensores, etc). Allí entran: reclamantes de tierras, estudiantes, líderes indígenas, presidentes de acción comunal y desmovilizados de la desaparecida guerrilla (FARC).

Al parecer, la persecución que hace algunas décadas sufrieron personajes como Luis Carlos Galán y el partido de la UP ahora la viven día a día los líderes por reclamar la implementación de lo pactado en la Habana dado que el gobierno nacional no les ha cumplido a cabalidad. Incluso, ha entrado en conflicto con las comunidades por la manera en cómo ha tratado el asunto de los cultivos ilícitos. Así ha sido el escenario actual.

Hace unos días el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas afirmó lo siguiente: “1 de cada 2 asesinatos tiene una explicación judicial, no hay detrás una organización”. Además, aseveró aseveró que la “inmensa mayoría” de los asesinatos de líderes sociales en las regiones “son frutos de un tema de linderos, de un tema de faltas, de peleas por rentas ilícitas” lo cual me parece realmente irresponsable, por el hecho que el ministro conoce la clara relación de intereses que tienen las organizaciones ligadas al narcotráfico con las garantías que exigen los líderes de sustitución de cultivos.

Anteriormente, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, afirmó hace unos meses que este fenómeno no obedecía a asesinatos sistemáticos, ignorando que cada tres días moría en algún lado del territorio un líder y precisamente por ello es que se han hecho al menos 80 consejos de seguridad para poder brindarle solución a dicho problema. Hay que decir que los asesinatos sí son sistemáticos. En lo que sí tiene razón el señor ministro es que no podemos afirmar qué clase de organización en específico se está encargando de dichos asesinatos, aunque haya estructuras neo-paramilitares, disidencias de las Farc y el ELN, por nombrar a algunos.

Existe un patrón sistemático que no quiso ver el ministro Villegas y es que debe tener en cuenta que sí se repiten patrones en los perfiles de los asesinados en las regiones en las que desarrollaban su trabajo. Por ejemplo, según fuentes del Cuerpo Élite de la Policía, uno de cada cuatro asesinados se da en el Cauca. ¿Acaso no está claro esto, señor Ministro?

Además, hace unos días conocimos la imagen de 25 líderes tapando su rostro con máscaras para ocultar su identidad y preservar su vida, ya que han recibido llamadas intimidantes y por ello han salido de sus regiones para reunirse en Bogotá y exigirle garantías de seguridad al Gobierno para ellos poder volver a sus regiones.

Foto: El Espectador

Las denuncias hechas por los lideres van desde el señalamiento a los empresarios del sector bananero, platanero y demás, hasta la misma responsabilidad del Ministro de Defensa en el caso. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido al gobierno colombiano en la responsabilidad que ellos tienen de proteger la integridad de cada uno de los amenazados, y de cumplir lo pactado en la Habana para poder seguir dando pasos firmes hacia la construcción de una paz verdadera con justicia social.

Señor ministro, está equivocado y es necesario reconocer el error de usted, del presidente Santos y la responsabilidad por cada muerto y por cada uno de los que aparecieron en aquella imagen con máscaras para proteger su vida, porque resulta que los están matando por defender su territorio.

Hace un poco más de un año la situación no era tan diferente, en diálogos con la Revista Arcadia el reconocido sociólogo y periodista Alfredo Molano aseguró lo siguiente: “Ésta es la continuación de los asesinatos de la UP”. Lo anterior genera muchísima incertidumbre, puesto que si los asesinatos siguen y nadie hace nada, es posible que la violencia se traslade a las grandes ciudades como en aquellos años y así, el conflicto nuevamente se recrudezca.

*Por: Santiago Falla Castro | Estudiante de Ciencia Política, Universidad del Cauca | Opinión Ciudadana


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