• Angélica Ortiz

Los miedos del acuerdo de paz con las Farc hacen dudar al Eln


En 1991 se firma en Colombia la Constitución Política que reemplazaría a la que había estado en vigencia desde 1886; su organización y propósito llevó a establecer en sus primeras páginas los derechos fundamentales que son inherentes a cada colombiano. Para esta ocasión, el artículo 22 es para quién escribe, uno de los más importantes en la coyuntura nacional y de mayor relevancia en la contienda política y electoral que se avecina. El artículo de la Constitución Política reza: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Se cumplió el primer año de la firma del acuerdo para la terminación del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo- FARC-EP y así como se ha avanzado en varios temas de los compromisos adquiridos por ambas partes, es también cierto que no se han cumplido muchos otros que son relevantes. Sin reclamo alguno sobre mi postura política, soy parte de aquel grupo de colombianos que considera que nos ha hecho falta mayor compromiso con la terminación del conflicto, con la superación de las diferencias y con la puesta en marcha de políticas públicas encaminadas a la superación de la desigualdad social que se presenta en Colombia.

La firma del acuerdo no trajo inmediatamente la estabilización de los niveles de seguridad y bienestar de las comunidades en Colombia; a paso lento se ha ido avanzado en el cumplimiento de los aspectos más importantes del acuerdo. En el marco de la finalización de la guerra se ha trabajado por el Desarme, Desmovilización y Reinserción de los combatientes. Además, pudimos evidenciar la entrega de las armas de todos y cada uno de los miembros de las FARC-EP desde sus zonas veredales, la finalización del reclutamiento y entrega de los menores de edad. Tanto así, que observamos el nacimiento de su organización política, elemento que les otorgaría un beneficio electoral en las contiendas del próximo año.

Paralelo a lo anterior, hay factores que han fortalecido los argumentos de quienes no han visto con buenos ojos este acuerdo firmado durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. De la totalidad de los integrantes de las FARC-EP, un porcentaje se mantuvo en la disidencia frente a los acuerdos. Sumado a esto se encuentra la salida de varios ex combatientes de los Espacios Territoriales, que aunque está permitido es visto con desconfianza por la opinión pública y los medios de comunicación al punto de sugerir que los ex guerrilleros se rehusan a continuar con el proceso de reinserción a la vida civil.

La sustitución de cultivos se ha visto opacada por los claros aumentos de cultivos ilícitos, incremento que ha llegado a 52 puntos porcentuales; y este mismo episodio ha recrudecido la integridad de los líderes sociales en Colombia, además la creación de la Jurisdicción Especial de Paz-JEP como mecanismo para juzgar los crímenes realizados por las FARC-EP y miembros de la Fuerza Pública. Aquella paz que se divisaba con la firma del acuerdo hoy es una utopía que se ve truncada legalmente por las trabas que ha encontrado en el Congreso de la República.

Y como se manifiesta en el argot popular: “Si por allá llueve, por aquí no escampa”. El acuerdo que se ha venido desarrollando con el Ejército de Liberación Nacional- ELN, ha dado mucho de qué hablar. Quito ha sido la casa de cientos de periodistas que han procurado mantenerse al tanto de la información que presente avances en el proceso. Y no es para menos, del hermetismo en el que se vivió el acuerdo con las FARC-EP la opinión pública vive atenta a lo que sucede con el ELN, más a sabiendas que estos últimos no han tenido una clara intención de paz.

Y bajo este panorama me surge la siguiente pregunta a todos aquellos quiénes estamos directa o indirectamente involucrados con la construcción de paz en nuestro país: ¿hemos cumplido la tarea? Nuestra tarea continúa y un nuevo Gobierno espera.

Foto: Las 2 Orillas


LA GUACHAFITA