• Juan Sebastián Perdomo*

Conflictos socioambientales: un reto para el sistema político colombiano


Foto: Hidroeléctrica El Quimbo | Cortesía Emgesa

Colombia, es actualmente el tercer país con mayor número de conflictos socio-ambientales presentados en el mundo, según el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). En el país existen 128 conflictos, situándose solo por debajo de India con 316 y Brasil con 135. Otros países documentados de la región con casos exponenciales son: Perú en la sexta posición, Argentina décima, Ecuador onceava y Chile doceava posición, los cuales suman un total de 275 casos en Latinoamérica.

Los conflictos socio-ambientales se producen en el marco del proceso humano de la apropiación y transformación de la naturaleza, y en torno a cómo y con qué fin se va a intervenir el territorio, lo cual da lugar a los diferentes sistemas de acción que como humanos producimos a lo largo de nuestra existencia. Por ende, causalmente se puede decir que estos se producen en una doble vía, por un lado como choque de intereses entre quienes causan un problema ecológico y quienes reciben las consecuencias, y por otro como desacuerdo o disputa por la distribución y uso de los recursos naturales entre los pobladores de un determinado territorio.

Para el caso colombiano, es preciso aterrizar los conflictos socio-ambientales en gran medida a una confrontación latente entre quienes causan los problemas ecológicos o ambientales y quienes sufren las consecuencias o impactos de dichos problemas. ¿Pero a qué se debe este fenómeno? Se debe en gran medida a que la realidad a la que se afronta la población colombiana es de un poca o nula participación en las decisiones que se toman en este orden, es decir, suele darse una imposición del uso del suelo y los recursos por parte del Estado central. Por otra parte, la laxitud de las diferentes entidades institucionales para permitir permeabilidad de las distintas multinacionales en el territorio, que van desde una legislación generosa en términos de licencias y exigencias ambientales, hasta la ausencia de sanciones a quienes incumplen la normatividad una vez dadas las licencias.

En Colombia, la especialización productiva va dirigida esencialmente hacia el sector primario, lo cual en gran medidapotencia la reproducción de conflictos socio-ambientales. Las razones obedecen a que ellos están mediados principalmente por la extracción de petróleo, usos del agua con fines hidroeléctricos, extracción de oro, carbón y minerales. Sin embargo, esto no se reduce allí, también se presentan conflictos pertenecientes al sector secundario de la economía guiados de la mano del turismo recreacional y la infraestructura.

La mayor parte de los conflictos, según el Atlas de Justicia Ambiental, se presenta en la región Andina y la Costa Caribe, representando un 85%, cifra no menor, considerando que en esta zona del país se concentra el mayor número de población, lo cual evidencia un mayor número de personas afectadas. En la zona Andina los conflictos que se presentan en su mayoría tienen un origen minero, dos casos de los más representativos y simbólicos aluden a la extracción de oro: el Páramo de Santurbán en el departamento de Santander y La Colosa en el departamento del Tolima. Igualmente se destacan conflictos ocasionados por el uso del agua con fines hidroeléctricos, bastante representativos como lo son: El Quimbo en el Huila, Hidrosogamoso en Santander, Represa Salvajina en Cauca, Hidromiel en Caldas, e Hidroituango como uno de los más recientes en Antioquia.

Cada uno de estos conflictos reseñados anteriormente tiene varias cosas en común, las cuales se ven en dos sentidos: por un lado el desvertebramiento de las dinámicas sociales y culturales que se gestan en cada territorio, puesto que muchas de las comunidades se ven obligadas a desplazarse de sus tierras; pero también, una transformación en el paisaje natural, lo cual significa alteración de cada uno de los procesos propios de la naturaleza (cambio del curso de los ríos para presas, contaminación, deterioro del suelo por perdida de sus minerales, etc.) que posteriormente suele pasar factura con catástrofes medioambientales.

Ahora la pregunta es si el país seguirá llevando una visión minimalista de desarrollo en la que se plantea al territorio como una bodega de expendio de recursos, afectando los ríos, los bosques y la vida. Necesitamos un país donde cada región pese y decida, que la autonomía en las regiones no sea solo formal, donde cada ciudadano se apropie de los diferentes mecanismos de participación para hacer efectivos los procesos de democratización, donde se respete la vida de quienes defienden con su sudor los recursos de la bella Colombia rural para evitar que prolifere el conflicto, que crezca la grandeza del dialogo en los territorios y el respeto a los recursos naturales.

* Estudiante de Ciencia Política, Universidad Surcolombiana.


LA GUACHAFITA